Septiembre de 2017

Con indignación y repudio Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe –ATALC- ha recibido la lamentable noticia del desalojo, quema de viviendas y destrucción de cultivos de 35 familias campesinas que trabajaban en articulación con el Mercadito Campesino en Altos, Paraguay. Los flagrantes hechos tuvieron lugar en el asentimiento de San Miguel, de la compañía Yacaré, en la tarde del lunes 21 de agosto.

ATALC, como una organización latinoamericana y del Caribe comprometida con la justicia ambiental, social y de género, que trabaja hombro a hombro con comunidades campesinas de diferentes partes de nuestro continente, y que concibe en la agroecología una de las prácticas fundamentales para asegurar la soberanía alimentaria y enfrentar fenómenos como el cambio climático, repudia que se haya realizado esta práctica criminal contra las y los campesinos/as asociados al Mercadito Campesino en el Paraguay.

Por las informaciones a las que hemos accedido, supimos que un número aproximado de 200 policías y 35 civiles realizaron el procedimiento en el que fueron vulnerados los derechos colectivos del campesinado mediante la quema de viviendas y la destrucción de los cultivos de mandioca, maíz, banana, sandía y tomate. Consideramos que estas prácticas conforman verdaderas violaciones de derechos humanos perpetradas contra la población indefensa que a través de su trabajo contribuye a dignificar la vida de los/as más necesitados.

Denunciamos que estas acciones por parte de la fuerza pública paraguaya pueden ser resultado de reclamaciones de Tierra que se han hecho en la región por parte de extranjeros, y las irregularidades se dan en momentos en que el campesinado ha iniciado trámites frente al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra –INDERT- para lograr garantizar su derecho a la tierra.

Desde ATALC, además del repudio que nos genera la injusticia que se ejerce contra los pueblos del sur del continente, hacemos un llamado a las autoridades competentes del Paraguay para que investiguen las irregularidades que tuvieron lugar en las acciones llevadas a cabo la semana pasada contra las y los productores. De otra parte, hacemos un llamado a que se entreguen las reparaciones necesarias a las y los afectados, tanto en lo que tiene que ver con sus lugares de habitación como con sus cultivos, respetando así los derechos universalmente reconocidos a la vivienda digna, al trabajo y la alimentación, y se entreguen las garantías de no repetición de los nefastos hechos que tuvieron lugar. También solicitamos se entreguen las garantías constitucionales a María Domínguez, María Brítez, Cristian Vera, Mario López y Marcos Velázquez, quienes fueron imputados luego de la agresión que sufrió su comunidad.

A las organizaciones comprometidas con la justicia social, ambiental y de género, a los pueblos campesinos y sus organizaciones y a los movimientos sociales de diferentes partes del continente y del mundo les pedimos puedan dar visibilidad a lo ocurrido con las y los campesinos articulados en el Mercadito Campesino en Paraguay, y les invitamos a manifestar su solidaridad, pues estas situaciones no deben repetirse con ninguna comunidad en Nuestra América.

Imagen: https://kurtural.com/

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