Resulta una fantasía creer que el comercio como está actualmente configurado puede ser la solución a la crisis ambiental y ecológica que estamos viviendo en la actualidad. La OMC aglutina el poder corporativo mundial en alianza con los representantes estatales. Mientras se avanza en la corporativización de los Estados, nuestros territorios son cada vez más vulnerables a las instituciones internacionales financieras y tratados de comercios (TLC, acuerdos de inversión, FMI, Banco
Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo). Mientras los Estados se debilitan, ya que en ellos participa una fuerte representatividad del capital corporativo se convierten en brazos ejecutores de las políticas de libre comercio, someten el manejo territorial a la de- cisión de inversión extranjera y sus exigencias; lo que afecta de manera directa e inevitable el cuidado ambiental y la soberanía de los pueblos.

En particular, con la proliferación de Tratados de Libre Comercio, Acuerdos de Asociación y Tratados de Inversiones de cuño neoliberal, se han generado cambios legislativos producidos por las presiones y demandas internacionales de inversionistas. Estas prácticas han provocado la flexibilización de la legislación ambiental para garantizar la inversión extranjera. El derecho al consentimiento previo, libre e informado, las exigencias de licencias de exploración para la valoración de megaproyectos, los mecanismos de participación popular que pueden garantizar el control social frente adecisiones que implican la posibilidad de existencia de los territorios y la regulación de la intervención de bienes comunes, se han venido desmontando paulatina-
mente, en función del libre comercio.

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Imagen: https://fueraomc.org/