A partir del pasado martes 10, en la comunidad mapuche Lof en resistencia Cushamen, habitantes de la provincia de Chubut sufrieron 2 violentos allanamientos y 3 episodios de represión en 4 días. Al día de redacción de esta nota, siguen detenidos arbitrariamente tres integrantes de la comunidad, y también sigue en estado crítico uno de los dos heridos de bala. Mientras tanto, el gobernador calificó de “terroristas” a los afectados.
La comunidad ejercía su derecho a la protesta en el marco de un conflicto por el recorrido del tren turístico “La Trochita”, que atraviesa sus territorios ancestrales. Valiéndose de una opaca orden judicial, más de doscientos efectivos de Gendarmería, apoyados por cuerpos especiales de la Policía Federal y Provincial, numerosos carros de asalto y drones, cortaron los accesos e irrumpieron en la comunidad, agrediendo físicamente a hombres, mujeres y niños, secuestrando ganado y destruyendo viviendas.
Estos hechos fueron llevados a cabo con el aval del poder judicial y el gobierno provincial, y mediando intereses corporativos de uno de los mayores terratenientes de la Argentina: el grupo Benetton. Esta corporación trasnacional, que opera en 120 países, tiene un largo historial de conflictos con comunidades mapuche. El grupo, propietario de casi 1 millón de hectáreas divididas entre las provincias de Buenos Aires, San Juan, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, tiene inversiones en ganadería, soja, monocultivos industriales de árboles e inclusive minería.
El artículo 75 de la Constitución Argentina dictamina «reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias podrán ejercer concurrentemente estas atribuciones». El Estado Argentino incumple por tanto su Carta Magna, así como otras normativas internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Responsabilizamos por la seguridad de las comunidades afectadas al Gobernador Das Neves, y exigimos la actuación urgente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, y de la Secretaría de DD.HH. de la Nación. El Estado Argentino se encuentra defendiendo los intereses corporativos por encima del interés del pueblo, por lo que denunciaremos este accionar ante la comunidad internacional, en búsqueda de acabar con la impunidad de las corporaciones que violan derechos humanos.
