En Colombia, en lo corrido del año -en menos de 65 días- 25 mujeres y hombres defensoras/es de los territorios han sido asesinados. Sumados a las 80 personas que las organizaciones de derechos humanos calculan fueron ultimados en 2016, se configura un panorama escalofriante. Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe -ATALC-, organización que trabaja desde la perspectiva de la justicia ambiental, repudia y hace pública su consternación ante esta cadena de atentados fatales que no se corresponden con los procesos de paz anunciados en el país suramericano.
En los últimos días, José Antonio Anzola Tejedor y su hermana Luz Ángela, militantes del partido comunista y del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta (SINTRAGRIM), fueron asesinados. José Antonio era beneficiario de un proyecto de la Cumbre Agraria, conquista del movimiento campesino por las movilizaciones de 2015 y que es internacionalmente conocida pues algunas de las organizaciones que la han llevado adelante integran la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC – Vía Campesina). Días antes, el 2 de marzo, Ruth Alicia López Guisao, lideresa del Coordinador Nacional Agrario (CNA) y del Congreso de los Pueblos, fue asesinada en la ciudad de Medellín. Estas muertes se suman a las ya mas de veinte ocurridas en 2017 y que configuran una verdadera masacre.
La construcción de paz en Colombia no puede ser efectiva mientras este tipo de nefastos acontecimientos tengan lugar. Puede intuirse que intereses ajenos a la justicia ambiental y social, y la necesidad de explotar territorios para la acumulación de capital de los agentes privados y trasnacionales actúen como vectores de la situación que se presenta; no puede ser la paz, bajo ninguna circunstancia, una producción neoliberal para el control territorial que implique el ataque sistemático a la vida y a la integridad de mujeres y hombres comprometidos históricamente con la dignificación de la vida de los pueblos colombianos.
ATALC hace un llamado urgente a las organizaciones, procesos, movimientos sociales, y a la comunidad internacional en general para desarrollar una estrategia de protección de la vida de las y los colombianos. Aunque las notas de solidaridad y el rechazo generalizado a la situación señalada aportan a su visibilización en el plano internacional, es necesario generar acciones contundentes que permitan la interlocución con el gobierno colombiano para que se ponga fin a esta barbarie. Asimismo, es necesario construir conductos concretos para resguardar la vida de las y los defensores de los pueblos.
Al gobierno colombiano y a todas las autoridades competentes les solicitamos respetuosamente pongan en marcha todos los mecanismos constitucionales y legales para detener estos atropellos contra la integridad física y moral de las comunidades, que generan la ruptura de los tejidos sociales y hacen favorable la territorialización del capital y de sus proyectos extractivos y de economía verde. También creemos prioritario que se identifique a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos selectivos, y no se permita que reine la impunidad que lo único que generará es la continuidad de la devastación humana y de los territorios.
Estamos con los pueblos de Colombia y de América Latina y el Caribe que siguen recibiendo la muerte como respuesta a sus justas luchas, y nos aprestamos para acompañarles en lo que sea necesario.
