El Salvador hizo historia la semana pasada al convertirse en el primer país del mundo en prohibir la minería de metales. El éxito de esta década de lucha es prueba de que la gente puede enfrentar los intereses empresariales y salir victoriosa. Esta es la historia de cómo la población de El Salvador le hizo frente a los gigantes de la minería.
La minería tiene antecedentes oscuros en El Salvador. Años de políticas de desregulación y favorables a los inversionistas, sumados a una rápida industrialización produjeron la contaminación generalizada de los ríos y aguas superficiales, envenenando a la gente y destruyendo las tierras de cultivo. Incluso aunque se hierva o filtre el agua, no siempre es seguro beberla. Un estudio ambiental demostró que el proyecto minero de Pacific Rim usaría 10,4 litros de agua por segundo, lo suficiente como para abastecer a miles de personas.
La minería se les impuso a los salvadoreños presentándola como una industria soñada que contribuiría al desarrollo y se convertiría en una fuente de ingresos e impuestos con los que se podrían financiar los tan necesarios hospitales y escuelas. El gobierno desarrolló una serie de políticas favorables a la minería en el marco del Tratado de Libre Comercio de América Central (TLCAN) entre América Central y Estados Unidos. Firmado por El Salvador en 2004, el acuerdo permite a empresas transnacionales como Holcim, Monsanto y Pacific Rim intensificar sus operaciones en el país.
Con el apoyo de las élites locales dominantes, estas empresas comenzaron a extraer los recursos naturales de El Salvador para su exportación. Las inversiones extranjeras pasaron de US$30 millones en 1992 a US$5.900 millones en 2008. Gran parte de estas inversiones se destinaron a la minería, a pesar del fuerte rechazo de las comunidades.
El Salvador es un país pequeño con una gran densidad de población. Sin embargo, en 2012, el gobierno tenía 22 solicitudes de exploración de oro, lo que le permitía a las minas de oro monopolizar el 4,23 % de las tierras. La apropiación de tierras para la minería a menudo adopta la forma de acaparamientos de tierras, sin consultas adecuadas ni compensación.
Desde el comienzo, las comunidades locales resistieron a través de protestas, demandas judiciales, reuniones y ocupaciones de tierras. Varias comunidades marcharon por todo el país hasta el palacio presidencial para reclamar por sus derechos.
Amigos de la Tierra El Salvador/CESTA apoyó la resistencia de las comunidades. Solo en 2008, 60 líderes y liderezas de comunidades aprendieron sobre los impactos de la minería y estrategias de resistencia frente a ella en la Escuela de Ecología Política de CESTA. La gente comenzó a hacerle frente al poder empresarial.
Lamentablemente, las empresas respondieron con violencia. El presidente de Amigos de San Isidro Cabañas (ASIC), referente en la resistencia contra la minería, fue asesinado junto con tres activistas más que luchaban en contra de la minería, y muchos más fueron amenazados o acosados. Sus familias continúan exigiendo justicia hasta el día de hoy.
«El agua es más valiosa que el oro» se transformó en una consigna unificadora a medida que la lucha avanzaba. Distintas coaliciones de base como el Movimiento de Víctimas, Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y Corporaciones (MOVIAC) y la Mesa Redonda Nacional Frente a la Minería Metálica consiguieron que el tema de la minería se discutiera a nivel nacional. La solidaridad y las lecciones aprendidas de los movimientos en Costa Rica, Argentina y Colombia, donde la minería se prohibió parcialmente fueron cruciales. Amigos de la Tierra llevó el caso de la minería en El Salvador a las Naciones Unidas como parte de su argumentación en reclamo de un tratado internacional sobre empresas transnacionales y derechos humanos.
En 2008, el presidente Antonio Saca rechazó el proyecto de minería de Pacific Rim. El proyecto habría implicado el uso de sustancias químicas tóxicas, entre ellas cianuro, a tan solo 65 km de la capital.
La respuesta de Pacific Rim fue demandar al gobierno de El Salvador por $301 millones de dólares ante un tribunal comercial secreto. El mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS, por su sigla en inglés) habilitó a Pacific Rim a hacerlo, en base a que la empresa sostenía que sus ganancias se habían visto afectadas negativamente por el rechazo a su solicitud de explotación minera.
Sin embargo, en esta instancia, el acoso empresarial tuvo el efecto contrario. Consiguió que aumentara el apoyo contra la industria minera. Incluso políticos con poco interés en los asuntos ambientales se indignaron por la indemnización exorbitante que le reclamaba la empresa a un país que lucha contra la pobreza. El Salvador obtuvo un fallo favorable en el juicio, pero de todas maneras tuvo que pagar millones en gastos legales.
La iglesia católica, una institución importante en El Salvador, comenzó a abogar a favor de prohibir la minería. En las misas de los domingos en todo el país, los curas predicaban sobre la necesidad de proteger el mundo natural y recogieron firmas para presentarle al gobierno.
Cuando la iniciativa pasó a votación en el parlamento la semana pasada, fue aprobada por unanimidad a excepción de algunas abstenciones; El Salvador aprobó la prohibición total de la minería de metales para proteger a su población y el medioambiente.
Mientras El Salvador festeja, la lucha por un mundo más justo y sustentable no cesa. Pero podemos avanzar con esperanza, sabiendo que la gente común trabajando junta puede cambiar el mundo.
Publicado originalmente en The Ecologist.
Radio Mundo Real entrevista con Saúl Baños, abogado integrante de la Mesa contra la Minería de El Salvador. Saúl analiza esta victoria y recuerda a los mártires contra la minería en El Salvador.
