1. La 3er. Conferencia Regional de Energía, Ambiente y Trabajo, convocada por la CSA en San José, Costa Rica, del 8 al 11 de octubre de 2018, ha reunido a representantes de 15 países del continente, 20 centrales sindicales afiliadas a la CSA y 4 fraternas, 7 movimientos sociales continentales, 4 organizaciones de la sociedad civil y 5 universidades.
2. Esta declaración recupera puntos de debate y acuerdos logrados a partir de un diálogo entre el movimiento sindical y las otras representaciones que participaron, como parte de la estratégia de alianzas sociales que compartimos con los movimientos aquí presentes y que se expresa en la construcción de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo.
3. La clase trabajadora de las Américas atraviesa una coyuntura política de graves riesgos y amenazas para la paz, las libertades, los derechos sociales y la democracia.
4. Vuelve a la agenda el programa neoliberal en países donde había logrado detenerse, pero a diferencia de los años 1990, cuando conseguía venderse electoralmente, ahora se combina con propuestas fascistas y autoritarias, con discursos de odio misóginos, racistas, xenófobos, homófobos, abiertamente antisindicales y de ataque a los movimientos sociales. Incluso el proceso de paz en Colombia con las distintas insurgencias, clave para la distensión en toda la región, ahora está amenazado por el nuevo gobierno.
5. Esta coyuntura se instala después de un ciclo de avances sociales que se había registrado en varios países latinoamericanos, para finalmente ser puesto en cuestión por los coletazos de la crisis iniciada en 2008 en los Estados Unidos, cuyos reflejos duraderos se extienden sobre los demás países.
6. Las fuerzas políticas y sociales reaccionarias buscan fracturar a los movimientos populares, haciendo creer que el problema de la sociedad son las dirigencias sindicales, migrantes, LGTBI, las personas jóvenes, el feminismo, la población afrodescendiente, las demandas campesinas e indígenas y el ambientalismo. Hay un recrudecimiento de la represión y la criminalización de la lucha social. Manipulan los miedos de la gente en momentos de aumento del desempleo y desestructuración de las economías. Para eso se valen de las noticias falsas repetidas mil veces en las redes sociales por usuarios falsos y en los medios de comunicación controlados por las grandes empresas.
7. La xenofobia, la misoginia, la homofobia y el racismo dejan de ser discursos de sectores intolerantes en los márgenes del sistema político, para ocupar el centro del escenario. Hay una nueva oleada de la ideología individualista que intenta crear un terreno para el ataque gubernamental a las organizaciones sindicales y los movimientos sociales.
8. En ese contexto consideramos insuficientes las políticas estatales ya acordadas en la convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) frente al desafío de la crisis climática. No se ha conseguido poner en marcha una verdadera transición ecológica, al mismo tiempo que hay toda una arquitectura mundial para garantizar la impunidad de las empresas transnacionales en su afán de lucro por sobre los derechos de la clase trabajadora, de las comunidades en los territorios y de la naturaleza. Seguiremos presionando adentro y afuera de las Conferencias de las Partes (COPs) por un freno al cambio climático y por la justicia social.
9. El momento es de resistencia a la oleada reaccionaria y conservadora, de afirmación de las conquistas de nuestros pueblos y de alianzas sociales y políticas amplias para resistir y vencer.
10. El sindicalismo que necesitamos para este periodo no es el que se dedica al cabildeo, sino el que moviliza y organiza a trabajadores y trabajadoras.
I. El Trabajo es el centro de una Política Alternativa
11. El trabajo continúa en el centro de la vida de nuestras sociedades.
12. Sin embargo, se encuentra bajo ataque tanto de las fuerzas políticas afines a las organizaciones patronales como de interpretaciones sociológicas que manipulan realidades para tratar de convencernos que trabajadores y trabajadoras ya no somos necesarios y en consecuencia debemos aceptar la erosión de las conquistas en materia de derechos sociales, laborales y sindicales.
13. Las fuerzas reaccionarias han lanzado una nueva ofensiva individualista, ahora cargada de odio hacia “otras y otros” también pobres y excluidos a quienes se acusa de ser causantes del deterioro de las condiciones de vida y trabajo de los colectivos laborales perjudicados por las políticas neoliberales.
14. Para el movimiento sindical el punto de partida de una transición desde una economía de alto consumo de carbono, basada en el agronegocio y el extractivismo minero-energético hacia otra social y ambientalmente sustentable, pasa por garantizar que su resultado sea el fortalecimiento y ampliación del trabajo decente.
15. Recuperar la visión de la centralidad del trabajo es también reconocer el trabajo necesario para la producción del vivir, aquel que es realizado en el hogar y en la comunidad mayoritariamente por mujeres, por fuera de los circuitos mercantiles y que no es reconocido en su contribución al desarrollo económico y social. El aprovechamiento que el capital hace del resultado de ese trabajo es la otra cara de los ataques misóginos a los derechos de las mujeres. El patriarcado no es solamente un fenómeno cultural, sino un sistema de dominación que genera rentas por la explotación de aquel trabajo no remunerado.
II. Democratización de la Energía
16. La energía debe ser entendida como un derecho fundamental para toda la población de un país, por lo tanto, debe ser un servicio público. Es esencial para que las personas puedan ejercer sus derechos humanos y sociales fundamentales, su integración a la vida social, su dignidad.
17. La primera reivindicación de la clase trabajadora es acabar con la pobreza energética. Es decir, garantizar que toda la población tenga acceso a la energía que necesita para mantener estándares básicos de vida familiar y movilidad. Que sus ingresos no sean corroídos por los gastos realizados para cubrir esas necesidades básicas.
18. Afirmamos la necesidad de democratizar la energía, porque entendemos que lejos de tratarse apenas de un debate entre planificadores gubernamentales, técnicos del sector y directivos de grandes empresas, tiene que ser la sociedad, a través de mecanismos democráticos y transparentes de participación popular, quien defina qué energía se quiere desarrollar, cómo, para qué fines y para quienes, cuestionando los patrones de consumo excesivo de las élites. No es suficiente discutir cambios en la matriz energética, hay que rediscutir la política energética en relación con el desarrollo que se quiere para el país y la región.
19. Frente a este cuadro el movimiento sindical junto con organizaciones de movimientos sociales tiene una agenda afirmativa de:
• Desprivatización del sector, ya que la lógica del lucro privado se contrapone a la lógica de la satisfacción de las necesidades de los pueblos y naciones;
• Recuperación de la soberanía sobre nuestros recursos y bienes comunes, rompiendo compromisos que significan aceptar una arquitectura de la impunidad de las grandes empresas transnacionales que operan en el sector energético o que lo usan intensivamente en nuestros países y territorios, cuando aprovechan los acuerdos de libre comercio y protección de inversiones;
• Discutir las opciones tecnológicas con una orientación definida por un proyecto de país que sea decidido democráticamente. No debemos aceptar determinismos tecnológicos impuestos por saberes manipulados por los intereses de las corporaciones, y que, a pretexto de la transición, refuerzan la dependencia a los centros de desarrollo tecnológicos del Norte;
• Debemos crecientemente avanzar hacia la desmercantilización y desfosilización de nuestra matriz energética, desde una visión de transición basada en la democracia y la justicia social y ambiental.
III. La Energía como Bien Común
20. Afirmar la energía como bien común es cuestionar la privatización del sector energético, paso necesario para revertir la mercantilización de la energía y su reconocimiento como derecho.
21. Se trata de reposicionar mecanismos democráticos de participación en la sociedad, reivindicando el rol del Estado en la propiedad, control y reorientación de la generación y uso de energías desde su carácter público. Las rentas extraordinarias que el sector pueda generar, por las características que tienen varias fuentes energéticas, deben tener una aplicación definida socialmente de acuerdo con una visión de país basada en la garantía de los derechos de la clase trabajadora.
22. El atendimiento de la energía como derecho básico de toda la población pasa necesariamente por una revisión profunda de la forma como la sociedad ve al sector. Hay necesidad de una nueva pedagogía que promueva en la población la emancipación cultural, educativa y organizativa.
23. En este entendimiento, también podremos propiciar una desconcentración y descentralización del sector, promoviendo iniciativas locales, cooperativas, comunitarias, etc. aprovechando las posibilidades de las alternativas tecnológicas disponibles y otras que se pueden desarrollar desde una visión popular. Propugnamos por el desarrollo de un sector público que vaya más allá de la propiedad estatal y de la centralización, aportando desarrollo local y que, complementariamente, avancen hacia proyectos de integración regional.
IV. Transición Justa
24. La transición ecológica y social en materia energética debe considerar que parte de un escenario complejo de muchas heterogeneidades. Un país no es igual a otro, una región no es igual a otra en el mismo país. En este debate, un sector social no es igual a otro, pero debemos avanzar en construir acuerdos mínimos.
25. Es necesario colocar la discusión de la transición justa en los niveles nacional, subnacional y local, en diálogo entre el campo y la ciudad. Es decir, no hay solo una vía o modelo de transición que debemos propugnar.
26. Se trata entonces de discutir cuáles deben ser los parámetros generales. Para el movimiento sindical el punto de partida es que la transición debe promover el trabajo decente y asegurar los derechos laborales y sociales con la opción por el dialogo social efectivo.
27. Es fundamental que se oriente también por criterios democráticos de participación ciudadana, que apunten a la paz en los territorios, a reducir el extractivismo, a democratizar el acceso a la tierra y promover la reforma agraria y a superar una estructura social basada en el patriarcado.
28. Una transición justa no puede orientarse a una nueva mercantilización de la naturaleza y de las alternativas energéticas.
29. Tampoco debe ser vista como parte de un debate dominado por técnicos especialistas, sino que debe incorporar la visión de nuestro sindicalismo sociopolítico y de otros sectores sociales, que apunta a la adecuación de las alternativas tecnológicas con los anhelos de construir sociedades de inclusión de todos y todas.
V. La Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo
30. La Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo es la plataforma donde esa reivindicación del papel central de la clase trabajadora en sus múltiples facetas debe combinarse con la lucha para acabar con la impunidad y la captura de los Estados y los territorios, por parte de las grandes corporaciones, en defensa de los derechos y promoción de la economía campesina y la soberanía alimentaria, la economía feminista y la justicia ambiental y social.
31. La agenda de lucha sindical es indisociable de las alianzas sociales con todos los movimientos que resisten al neoliberalismo y al avance del fascismo en la región. Desde estas alianzas llamamos a movilizarnos permanente contra el neoliberalismo, el fascismo y en defensa de la democracia. Nos encontraremos en las manifestaciones de noviembre de 2018 contra el G20 y el FMI en Buenos Aires y en todo el continente.
32. Permaneceremos movilizados en los lugares de trabajos, escuelas, universidades, plazas, comunidades, territorios, calles, etc.
¡Unidad y alianzas sociales en defensa de nuestra América!
¡Seguimos en lucha!
