Ante el retroceso ambiental, social y político que hemos observado en la República de El Salvador en los últimos 2 años y que se ha agravado con el golpe a la institucionalidad del país, llevado a cabo el pasado 1 de mayo por la Asamblea Legislativa a petición del presidente Nayib Bukele, Amigos de a Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) expresa su más enérgica condena a hechos como los siguientes:
1. La entrada del presidente Bukele con el ejército a la Asamblea Legislativa, el 9 de febrero de 2020, para presionar a los diputados a aprobar un préstamo que estaba en discusión.
2. La forma como se desarrolló la elección de La Asamblea Legislativa y Concejos Municipales el 28 de febrero 2021, ya que el presidente en forma ilegal utilizó fondos públicos para hacer campaña en favor de su partido Nuevas Ideas y les negó a los otros partidos contendientes lo que por ley les corresponde de fondos para su campaña electoral. Así mismo, los obstáculos que puso el presidente, por casi un año, al trabajo de las alcaldías de partidos de oposición, para motivar el rechazo de sus habitantes, lo que trajo como resultado una mayoría de diputados y alcaldes del partido del presidente Bukele.
3. La destitución del Fiscal General de la República llevada a cabo por parte de la nueva Asamblea legislativa, el pasado 1 de mayo, día en que inició sesiones, por temor a que pudiera continuar las investigaciones de corrupción que pesan sobre el mismo presidente y varios miembros del gabinete de gobierno, y proceder de inmediato a nombrar como nuevo Fiscal General a una persona sobre la cual pesan graves denuncias de corrupción.
4. La destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la misma sesión del 1 de mayo, alegando que violaban la Constitución de la República al oponerse anteriormente a algunas disposiciones del presidente, cuando la Constitución de la República establece que la Sala de lo Constitucional es la única instancia con la atribución para decidir si alguna medida es o no constitucional, atribución que se apropió la nueva Asamblea. De inmediato también se procedió a nombrar los magistrados de una nueva sala, violando el debido proceso establecido por la Constitución.
5. El envío al archivo, en la sesión del 13 de mayo, de todos los expedientes de propuestas de ley que estaban en estudio en la anterior Asamblea Legislativa, alegando que todas esas propuestas no eran de beneficio para la población. Entre ellas se encuentran todas las propuestas de leyes ambientales relacionadas con agua, huertos caseros, soberanía alimentaria, agroecología y uso de plásticos desechables.
La propuesta de ley de agua lleva 15 años en discusión, ya que los partidos de derecha siempre han pretendido privatizar el bien común y las organizaciones de la sociedad civil han hecho propuestas, manifestaciones y denuncias presionando para que el agua no sea privatizada. Ante la dificultad de lograr una ley privatizadora los partidos de derecha siempre iniciaban de nuevo la discusión en cada nueva legislatura, para permitir que las empresas explotadoras del agua continúen haciéndolo sin regulación alguna, ahora ese proceso de formación de ley se ha detenido.
6. La última decisión del presidente Bukele de revisar a todas las ONG que operan en el país para evitar que continúen funcionando aquellas que a juicio de él son fachada de la oposición. La revisión en si no es problema, pero entendemos que con ese pretexto se cancelarán ONG´s críticas al gobierno.
Esas destituciones, nuevos nombramientos y cancelación de expedientes de leyes, son un golpe a la institucionalidad del país, por generar una franca violación a la Constitución de la República; estos despropósitos han sido condenados por distintos países y organismos internacionales, como Estados Unidos de América, la Comunidad Económica Europea, la OEA y la ONU, con la notable excepción de la República de China. No obstante, embajadores y representantes de países amigos de El Salvador se han reunido y manifestado al presidente la necesidad que se respete la Constitución de la República y los procedimientos legales y jurídicos, preocupa que Bukele se niega a aceptar la opinión de funcionarios, así como el clamor de organizaciones sociales, académicas, gremiales y religiosas, que se hace cada vez más fuerte a nivel nacional e internacional.
Las acciones del presidente después de este golpe a la institucionalidad del Estado, genera inestabilidad social, económica y política en el país, ya hay varios miles de empleados que han sido despedidos de las instituciones públicas del gobierno central y en las alcaldías ganadas por dicho partido, colocando nuevos funcionarios civiles y militares, violando procesos establecidos por la ley. Lo grave del caso es que los afectados no cuentan ahora con lugares apropiados para hacer llegar sus denuncias, ya que los anteriores organismos encargados de velar por la justicia fueron cancelados y los nuevos organismos han sido cooptados y responden a directrices del Ejecutivo.
ATALC, como organización que trabaja por la justicia ambiental, social, económica y de género, demanda al presidente Bukele, lo siguiente:
• Que se respete la democracia y garantías constitucionales existentes en el país, ya que estas han sido producto de años de luchas y de esfuerzos de la sociedad civil. No se puede permitir que se abandonen estructuras jurídicas que contribuyen al funcionamiento de la sociedad.
• Que se garantice la libre organización y movilización popular, ya que inquieta el acoso y persecución que se está haciendo últimamente contra las/os trabajadoras/es y contra las Organizaciones No Gubernamentales.
• Que se retome la discusión de los expedientes de ley y que se continúe discutiendo las propuestas sociales y ambientales presentadas por diferentes organismos de la sociedad civil.
• Que evite continuar permitiendo y promoviendo la destrucción de zonas boscosas que profundizarán la crisis del agua.
Finalmente, ATALC quiere recordar al presidente Bukele que la opinión pública internacional tiene los ojos puestos en El Salvador y estará muy atenta para evitar que se sigan vulnerando los derechos de los pueblos y los derechos sociales, ambientales y territoriales en el país.
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)
17 de mayo 2021
