Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) y Amigos de la Tierra Brasil denuncian la Masacre de Guapoy en Mato Grosso do Sul
La madrugada del 24 de junio el territorio tekoha Guapoy Mirin Tujury, área reivindicada como tierra indígena originaria y tradicionalmente ocupada por cerca de 150 personas, en la región cerca de los límites de la Reserva Indígena de Amambai [Guapoy], fue nuevamente retomada por los Guaraní y Kaiowá, después de la primera tentativa ocurrida un mes antes. El área reivindicada está en el sur del estado de Mato Grosso do Sul, casi en la frontera con Paraguay, región centro-oeste de Brasil.
En la ocasión, la Policía Militar del Estado, con órdenes de la Secretaría de Seguridad Pública, promovió un desahucio ilegal, pues no contó con la autorización del Poder Judiciario para promover el desalojo del área. En Brasil las cuestiones que involucran derechos indígenas son de competencia exclusiva de la justicia federal, por lo tanto la operación debería ser realizada por la Policía Federal. Como involucra conflicto territorial, debería ser efectuada solamente mediante autorización judicial, lo que no ocurrió. Aunque la Policía alegue que fue una operación de combate al narcotráfico, por situarse en zona de frontera, aun así sería necesaria una intervención federal. De esta manera, tanto la Policía Militar no estaba apta a realizar la operación, como era necesario el aval del Poder Judiciario
La operación fue realizada con la autorización del gobierno del Estado, que comanda la Policía Militar, teniendo la duración de 12h, con apoyo de diversos vehículos, cientos de policías, e incluso el uso de helicóptero. El resultado fue una carnicería con una muerte y por lo menos 10 heridos, de los cuales dos personas en estado grave. Se destaca entre los heridos un niño afectado en el abdomen por disparos de fusil 5.56, que en Brasil solamente el Ejército tiene la autorización de uso. Durante la operación estuvieron involucrados diversos vehículos, helicópteros, cientos de policías, que abrieron fuego con armas pesadas contra la comunidad. La Aty Guasu, gran asamblea del pueblo Guaraní y Kaiowá, en carta pública del día 25 de junio se refiere al ocurrido como “Masacre de Guapoy”, trayendo a la memoria otra Masacre contra el pueblo Guaraní y Kaiowá, la de Caarapó, ocurrida el 14 de junio de 2016.
Los Guaraní y Kaiowá son una de las mayores etnias de Brasil fuera de la Amazonía, y hace décadas enfrentan el desafío de la demarcación de sus territorios. Durante la dictadura militar, fueron confinados en Reservas Indígenas que se encuentran muy abarrotadas. En los últimos años las comunidades se han organizado y realizado un proceso de “retoma” de sus territorios ancestrales. Sin embargo, todo territorio tradicional reivindicado está cercado por el agronegocio, resultando en la explosión de números conflictos violentos.
Hace cerca de 1 mes las familias ocuparon el área de la Granja Borda da Mata, que está muy cerca de la Reserva Indígena de Amambai, frontera con el Paraguay. El dueño de la granja es acusado de deforestación y extracción ilegal de madera. La comunidad viene sufriendo diversos ataques desde la ocupación, con denuncias de un ataque de pistoleros hace algunas semanas, en el que dos mujeres jóvenes fueron desaparecidas, todavía sin investigación y esclarecimiento de los hechos.
La Policía Militar de Mato Grosso do Sul ha tenido un histórico de actitud truculenta en la región, actuando sin autorización judicial y sin el cumplimiento de las determinaciones legales admisibles, realizando un rol de milicia privada de los granjeros en la región. En su declaración, el Secretario de Seguridad Pública, Antônio Carlos Videira, alega que se trató de una operación contra el narcotráfico en la región. Sin embargo, en una declaración en una conferencia de prensa, emitió manifestaciones contradictorias, llegando a asumir que se trataba de una operación policial para apoyar la desocupación del área en favor del granjero. El 25 de junio, las viviendas indígenas de la retomada tekoha Guapoy Mirin Tujury fueron todas destruidas por la policía, y algunos indígenas que permanecieron en aquel sitio fueron removidos.
Además de la brutalidad policial, se encuentra en la raíz de la masacre el mismo problema del caso de los defensores Dom Philip y Bruno Pereira, asesinados en el Valle de Javari: la precarización y el desvío de función de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) en el gobierno Bolsonaro. En el contexto de la completa paralización de la demarcación de territorios indígenas en Brasil y del avance del agronegocio sobre los territorios en la región, la FUNAI dejó de atender las demandas de los indígenas que viven en retomadas, habiendo denuncias de la actuación de servidores en cargos de liderazgo en favor del agronegocio.
En ese sentido se convoca la comunidad internacional para la solidaridad con los pueblos indígenas de Brasil, en especial el pueblo Guaraní y Kaiowá a través:
• La difusión de denuncias a través de las redes sociales sobre la gravedad de las acciones realizadas por la Policía Militar del Estado de Mato Grosso do Sul, exigiendo que sean tomadas medidas para la protección de los pueblos indígenas en Mato Grosso por parte del Estado brasileño, en especial la realización de pesquisa y responsabilización de los agentes que actuaron ilegalmente;• El envío de pedidos al Relator Especial para los Pueblos Indígenas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Mecanismo de Peritos de la ONU sobre los Derechos de los pueblos indígenas, para que exijan del Estado brasileño la observancia del respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas, en especial el derecho a la vida, a la integridad física y protección del territorio, tanto como la toma de medidas para investigación por órganos independientes sobre la actuación de la policía militar en el Estado;
• El envío de cartas al Consejo Nacional de Justicia (CNJ) direccionadas al Ministro Luiz Fux (Presidente) a través del email: presidencia@cnj.jus.br , solicitando intermediación del Poder Judiciario junto al Gobierno del Estado para asegurar que no realicen desahucios durante la pandemia (conforme modelo anexo);
• Del envío de cartas al Ministerio Público Federal solicitando intervención junto al Gobierno del Estado para asegurar los derechos de los pueblos indígenas, tanto como la realización de investigación para la responsabilización de los agentes involucrados, a través del email: 6ccr@mpf.mp.br ;
• La promoción de actos en las embajadas de Brasil manifestando el luto por los muertos por la causa indígena, y exigiendo que el Estado Brasileño les proteja.
MODELO DE CARTA
Porto Alegre, 26 de junio de 2022
Al Presidente del Consejo Nacional de Justicia,
Ilmo. Sr. Dr. Luiz Fux
A la Coordinación de la 6ª Cámara del Ministerio Público Federal,
Como entidades vinculadas a la defensa de los derechos humanos, en especial los derechos de los pueblos indígenas, estamos alarmados con la situación de violación y barbarie que tiene lugar en Brasil. En solamente un mes el asesinato de los defensores Bruno Pereira y Dom Philip, y ahora otros dos indígenas asesinados en Mato Grosso do Sul, y la brutalidad de la realización de un desahucio contra un área de retomada Guaraní y Kaiowá.
Hace años la crisis territorial del pueblo Guaraní y Kaiowá es noticia en el mundo y no se ha vislumbrado un escenario de avance de la garantía de derechos. Por el contrario, observamos la implementación de una serie de políticas gubernamentales, comenzando por la desestructuración de los órganos de protección indígena, la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), hasta la completa desprotección de los territorios amenazados por el agronegocio y la minería.
Ante lo sucedido durante los días 24 y 25 de junio junto al tekoha Guapoy Mirin Tujury, así como otras áreas de retomadas en el estado que están siendo amenazadas, manifestamos nuestra solidaridad internacional a los pueblos indígenas de Brasil, en especial a los Guaraní y Kaiowá, y solicitamos a las autoridades que: a) realicen detallada pesquisa sobre la operación de la Policía Militar que quedó conocida por los indígenas como Masacre Guapoy; b) determinen la protección de los familiares de las víctimas, siendo asegurada atención especial de salud, conforme determina la legislación brasileña; c) promuevan mesas de diálogo e intermediación de los conflictos en la región, a la luz de la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas de Brasil; d) que no sean realizados desahucios de pueblos indígenas hasta que sean debidamente demarcados sus territorios en el estado.
La comunidad internacional está atenta a lo que sucede en Brasil, y espera que las autoridades competentes puedan ejercer su deber de protección de los derechos de los pueblos indígenas en el país.
Atentamente,
