Los hechos ocurridos en Colombia durante los últimos días implican el repudio total y su denuncia internacional por parte de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe -ATALC. Desde fuentes oficiales como la Defensoría del Pueblo de Colombia, se señaló que la policía antinarcóticos sería la presunta responsable de una masacre de 9 personas en la vereda Puerto Rico, Departamento de Nariño.
En otros hechos, fue asesinada la comunicadora indígena Efigenia Vásquez -en acciones que se atribuyen al Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD-, de la policía colombiana; y el líder comunal Jorge Luís García fue ultimado en su casa en la ciudad caribeña de Cartagena.
El pasado jueves 5 de octubre, en un operativo de erradicación forzada de los llamados cultivos de uso ilícito, fueron masacradas 9 personas de las comunidades afro-indígenas-campesinas del Alto Mira y Frontera. Dos de las personas masacradas pertenecían a la comunidad indígena Awá, quienes han sufrido atrocidades múltiples y su exterminio durante el conflicto armado desarrollado por más de 5 décadas.
Es de subrayarse que esta masacre se da en el marco de la política antidrogas colombiana, que es contraria a los acuerdos alcanzados en la Habana entre el gobierno y la insurgencia, y podría tener relación con la presión que el gobierno de los Estados Unidos ha ejercido en las últimas semanas para que en ese país suramericano se continúe con la erradicación forzada.
Como si la situación no fuese lo suficientemente grave, repudiable y condenable, los medios de comunicación oficiales y al servicio de los capitales privados, intentaron desinformar a la opinión pública, aseverando que los asesinatos y heridas a la población civil habían sido causados por los ataques de una disidencia de la otrora guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, lo que fue desmentido tanto por las comunidades que se encontraban en la zona como por organismos de verificación que tuvieron acceso al lugar. Aunque por la gravedad del estos hechos, y ante los pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones, no es posible esconder lo acontecido, las cortinas de humo de parte de los medios que desinforman al país y a la opinión pública internacional no se han hecho esperar.
Posteriormente, el fin de semana siguiente a estos demenciales hechos, una comisión humanitaria de verificación que se desplazó a la zona -constituida por la ONU, la OEA, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Antioquia, entre otras instituciones y organizaciones defensoras de derechos humanos- fue atacada con bombas aturdidoras y disparos de fusil.
Tanto la masacre como los asesinatos de Efigenia y Jorge Luís se dan en un contexto de movilización social en el que las y los luchadores sociales colombianos realizan acciones de protección de sus territorios, como el proceso de Liberación de la Madre Tierra que se adelanta en el Departamento del Cauca y en el que se encontraba la comunicadora indígena al momento de ser asesinada.
Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe, como organización que trabaja por la justicia ambiental, social y de género, en solidaridad con las organizaciones hermanas y los pueblos de Colombia, reitera su rechazo y repudio a la escalada de violencia y horror que viola los derechos colectivos de los pueblos y los derechos humanos, y pone en situación de alto riesgo a las comunidades, procesos y movimientos sociales.
Señalamos también que la gravedad de estos sucesos aumenta en tanto las fuerzas policiales del país se encuentran involucradas y son señaladas como las responsables directas de estos asesinatos. Consideramos que tanto la acción como la omisión de las autoridades colombianas en los delitos relacionados con la masacre y los asesinatos que selectivamente se han dado en contra de las y los luchadores sociales en los últimos tiempos, ponen en riesgo la construcción de paz, los acuerdos alcanzados con la otrora insurgencia de las FARC -frente a los que además se denuncia nacional e internacionalmente el incumplimiento sistemático del gobierno de Juan Manuel Santos- y las negociaciones que se llevan a cabo con el Ejército de Liberación Nacional -ELN- en la ecuatoriana ciudad de Quito.
La muerte de cualquier persona en Colombia por su ejercicio de construcción de país y sus acciones democráticas de defensa territorial debe ser rechazada con vehemencia por parte de la comunidad internacional, e instamos a las organizaciones, redes y movimientos de diversas partes del mundo a manifestarse y expresar su solidaridad con el pueblo colombiano.
Al gobierno de Colombia, en cabeza del presidente de la República, y a la institucionalidad del Estado les solicitamos respetuosamente entregar resultados contundentes que permitan esclarecer las responsabilidades de la fuerza pública en la masacre perpetrada en el Departamento de Nariño, y por los asesinatos que se han denunciado por años desde los movimientos sociales y que se han atribuido al Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD- de la Policía Nacional, dando con los autores materiales y definiendo las responsabilidades en la cadena de mando que ha permitido esta barbarie.
A la comunidad internacional en general, y a los países garantes de la construcción de paz en Colombia, en particular, les pedimos su solidaridad concreta expresada en una interlocución directa y efectiva con el gobierno colombiano para exigir resultados inmediatos y evitar que la impunidad reinante propicie que este tipo de acontecimientos se sigan presentando. Es absolutamente necesario que se escarmiente a los responsables y se obtengan las condenas penales y éticas que permitan mínimas garantías de no repetición.
Hacemos un llamado urgente y vehemente para que se proteja la vida de las y los luchadores sociales del país andino con todas las herramientas que estén al alcance de la institucionalidad colombiana desde su obligatoria y constitucional responsabilidad de protección del derecho a la vida y los derechos conexos.
A los medios de comunicación oficiales de Colombia que a través de su ejercicio de desinformación, como el ocurrido ante la masacre del 5 de octubre, pretenden minimizar y tergiversar las magnitudes de la violencia contra la población, les exigimos transparencia en su ejercicio periodístico y una conducta ética que aporte a la construcción de paz y no a la perpetuación de la violencia física y simbólica contra los pueblos.
Al pueblo colombiano nuestra solidaridad y respeto por su valentía y continuidad en la defensa de la vida aún cuando estas atrocidades se atraviesan en su noble propósito. Y finalmente, manifestamos nuestro respaldo a los pueblos indígenas y a la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular en sus jornadas de movilización del 12 de octubre como inicio de la Semana de la Indignación convocada por diversos movimientos sociales colombianos.
Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe -ATALC.
Octubre 11 de 2017.
Imagen: Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC.
