Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe ve con seria preocupación la situación generada en Honduras en los días posteriores a las elecciones generales celebradas el pasado 26 de noviembre de 2017. Desde dicha fecha en Honduras el pueblo ha enfrentado a múltiples abusos y violaciones de derechos humanos en el contexto de las recientes protestas realizadas en 17 de los 18 departamentos del país. El “Estado de Sitio” / toque de queda declarado por el gobierno el 1 de diciembre de manera ilegal y bajo una talla dictatorial, permitió la construcción de mecanismos destinados a reprimir el disenso político y de las ideas, imponer el fraude electoral e infundir el terror a la población a fin de frenar las manifestaciones.
Hasta ahora según cifras del comité de familiares y desaparecidos de Honduras COFADEH ya suman 12 muertes a manos de militares quienes de forma flagrante han disparado en contra de población civil. Y la suma según el CPTRT de al menos 35 personas privadas de libertad capturadas bajo el contexto de la crisis post electoral acusados de terrorismo.
Amplios sectores de la población hondureña auto convocados comenzaron a realizar acciones de protesta en todo el país, para exigir un proceso electoral transparente y resultados fiables. Frente al eminente fraude que se esta generando en asocio del partido de gobierno y el Tribunal supremo electoral. Ante estas circunstancias el viernes 1 de diciembre, el gobierno de Honduras decretó un toque de queda, así como la suspensión de ciertas garantías constitucionales durante 10 días.
El uso excesivo de la fuerza ha pasado ser un terrorismo de Estado, a través de las diferentes fuerzas represivas especialmente la Policía Militar del Orden Público, la Policía Tigres, el ejército y la Policía Nacional Civil, en contra de manifestaciones pacíficas, dando como resultado la detención arbitraria de manifestantes y opositores políticos. Debemos afirmar que en las acciones cometidas hemos visto con espanto como se ha recurrido a la implementación de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes. Las estrategias empleadas por las autoridades en respuesta a las protestas se aplican a expensas de los derechos y las libertades de los hondureños.
Las personas defensoras de los derechos humanos o activistas son uno de los espacios principalmente afectados. En este contexto, defensores, defensoras y organizaciones están realizando labores de defensa; como documentación de casos, representación legal u observación, entre otros. Sin embargo, el actual estado de excepción, llego a prohibir su derecho a buscar y difundir información, lo que genera el cierre de una parte fundamental de la labor de estas organizaciones.
En torno al proceso electoral debemos comenzar diciendo que la candidatura del presidente JOH es ilegal e inconstitucional, llena de muchos vicios. Un recurso interpuesto por el ex presidente nacionalista únicamente abrió la posibilidad de hablar sobre la reelección y no de inscribirse. Sin embargo, haciendo uso y abuso de su poder aseguro que este decreto le permitiera la inscripción de la candidatura, violentando de esta manera artículos de la constitución de la república. Acción a la cual el tribunal accedió a pesar de la prohibición explícita para la reelección, como garantía máxima del principio democrático, entrando en plena contradicción con la Constitución de la República.
El partido de gobierno ha utilizado diversas formas para desprestigiar la protesta social, lo que ha causado el saqueo de comercios en diferentes partes del país, bajo la vista y paciencia de los mecanismos de seguridad pública.
Es por eso que en el marco de esta coyunturahacemos un llamado urgente a la solidaridad internacional para exigir al Estado de Honduras:
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Garantizar la protección, promoción y respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Sobre todo, la protección de defensores y defensoras de derechos humanos ambientales y sociales en su labor en la defensa de la democracia.
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Derogar el estado de excepción que hasta ahora sirvió para el asesinato de 12 hondureños y aumentar las violaciones de derechos humanos y la detención ilegal de personas así como la implementación de tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes
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Garantizar el recuento del TSE con la participación y la presencia de observadores internacionales de la OEA, Unión Europea y de la instalación de una comisión internacional independiente que trabajen juntos para generar mayor confiabilidad en el proceso y asegurar un resultado electoral que cumpla con las garantías democráticas que todo pueblo merece.
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Exigimos al Estado hondureño y en particular a las fuerzas de seguridad y defensa pública que se respete el derecho a la protesta pacífica, recordando la obligación de servir y proteger a la población hondureña.
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