Llamamiento internacional para detener la violencia contra el pueblo. Denuncian ataques en erradicaciones forzadas de cultivos.
Originalmente publicado en Radio Mundo Real
En lo que va de 2020, al menos 103 líderes y liderezas sociales, defensores de territorios, y 24 ex-combatientes de las Farc en proceso de reincorporación que cumplen con los Acuerdos de Paz, han sido asesinados en Colombia, según Indepaz, “sin que el gobierno ni los organismos multilaterales hagan un seguimiento responsable a los asesinatos y masacres ejecutadas”, denunció la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo.
Los operativos militares de erradicación forzada de los cultivos de coca se han mantenido durante toda la cuarentena, desconociendo los acuerdos de sustitución voluntaria y las medidas de contención de la pandemia. La Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) denunció el reciente asesinato a manos del Ejército Nacional de Emérito Digno Buendía el 18 de mayo en la vereda Tutumito, zona rural de Cúcuta, Norte de Santander.
Este campesino de 44 años y padre de 6 hijos, afiliado a la ASCAMCAT y a la Coordinadora Municipal de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM), murió durante un operativo de erradicación forzada. «El Ejército nunca hace una socialización con el campesino, sino lo primero que hace es dispararnos en varias oportunidades, donde un compañero [Emérito]… yo mirándolo cuando se desgonzó hacia el piso, cuando perdió su vida, como campesinos le dimos los primeros auxilios, pero fue imposible, murió en brazos de los campesinos. No somos criminales, somos campesinos que le exigimos al gobierno que den cumplimiento de lo pactado en el punto 4 del Acuerdo de La Habana», declaró a la prensa local Leidy Díaz Santamaría, vocera de ASCAMCAT y la COCCAM.
Emérito, Leidy y decenas de campesinos se encontraban en ese momento en el asentamiento que montaron desde fines de abril para exigir que se aplique el punto 4 del Acuerdo de Paz, que se permita la sustitución voluntaria de cultivos y se suspendan los operativos de erradicación en medio de la pandemia para evitar el contagio a los campesinos por las tropas del Ejército Nacional, en cumplimiento del decreto de emergencia sanitaria.
Además del Nororiente, otra zona afectada por la militarización y los ataques de bandas paramilitares al campesinado es el Suroccidente, registrándose decenas de crímenes en Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo y Caquetá.
Para analizar este complejo panorama, estos asesinatos sistemáticos que no se han detenido en la pandemia por la COVID-19, nos comunicamos con militantes sociales, sindicalistas, campesinas y defensores de derechos humanos que nos traen la mirada desde el territorio.
“La cuarentena lo que ha hecho es que se incremente lo que ya ha estado ocurriendo. Ha sido más fácil para los sicarios llegar a las casas de los compañeros e inclusive matar a familias enteras y el gobierno no hace absolutamente nada para resolver el problema ni hay garantías para llevar adelante la sustitución de cultivos ilícitos”, dijo la dirigente de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), Nury Martínez, a Radio Mundo Real.
El gobierno sigue con sus planes de erradicaciones forzadas, bajo el paradigma de la “guerra contra las drogas”: una política antidrogas implementada desde inicios del nuevo milenio, que ya ha demostrado ser un completo fracaso -como concluyen distintos centros de investigación. Pero hoy es parte de los compromisos que Iván Duque tiene con su par estadounidense Donald Trump. Esta política antidrogas ha servido como excusa para que el gobierno de Estados Unidos mantenga la presencia militar en esta región.
Las erradicaciones forzadas son encabezadas el Ejército y se realizan “a costa de sacar el campesinado que vive en esas tierras, a costa de acabar con cultivos de pancoger que se tienen y a costa de no respetar los Acuerdos de Paz con los compañeros inscritos en programas de sustitución voluntaria y erradicación voluntaria y la programación que ya había sido consensuada con el gobierno”, dijo Martínez.
La referente en Colombia de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-La Via Campesina) coincidió con Javier Marín de Asociación Minga en señalar que estos ataques a las comunidades también son parte de la estrategia de despojo de los territorios para que éstos sean ocupados por transnacionales que quieren desarrollar proyectos extractivistas minero-energéticos, hidroeléctricos y de maquilas.
“La complicidad del gobierno existe desde hace más de 30 años y mantiene miles de asesinatos en la impunidad”, afirmó Diógenes Orjuela García, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Colombia, que integra la Jornada Continental. Si bien puede haber muchos actores en estos asesinatos, que están ligados al crimen, a temas como el narcotráfico o a fuerzas insurgentes, “el gobierno no hace nada para evitar que esto se desarrolle en este contexto”, agregó el dirigente sindical.
Desde la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo repudiaron los asesinatos sistemáticos y selectivos de los que son víctimas integrantes de organizaciones del campo y de la ciudad en Colombia.
En un Llamamiento internacional entregado el 7 de mayo a las autoridades colombianas, al que adhieren más de 250 organizaciones de la región latinoamericana y del resto del mundo, las plataformas sociales que conforman la Jornada Continental denunciaron estos crímenes y “las constantes amenazas y desplazamientos de los que han sido víctimas parte de la dirigencia y las organizaciones de base campesina, indígena, sindical, de movimientos urbanos, de derechos humanos, de comunidades negras y de mujeres”.
La mayoría de estos asesinatos son contra quienes han liderado procesos de sustitución de cultivos ilícitos y han promovido la transformación de la economía de la coca por la economía campesina agroalimentaria. Los grupos armados que han logrado articular los carteles, actúan en contra de esos programas; mientras que los liderazgos en los territorios y las comunidades que promuevan erradicaciones voluntarias y sustitución de cultivos, son vistos por los grupos de narcotráfico como «enemigos».
Entre el 19 de marzo y el 23 de abril, cuando ya se cumplía el período de aislamiento por la pandemia, fueron asesinados 16 líderes y liderezas sociales, según información del programa Somos Defensores de Asociación Minga.
“Las comunidades conocen quiénes son estos grupos criminales, cómo actúan, cómo operan, pero también saben de la permisividad del Ejército con esos grupos. Durante este gobierno no ha habido en estos territorios (Cauca, Putumayo, Nariño) ninguna confrontación entre gobierno y grupos armados de los carteles de narcotráfico. Esto valida lo que dicen las comunidades: que es muy conocido el comportamiento del Ejército llevando una alianza con estos grupos, lo que se conoce como narcoparamilitarismo», afirmó Marín.
«A veces les dicen ‘disidencias de las Farc’ -continuó el miembro de Asociación Minga-, pero algunos sectores pensamos que es más correcto nombrarlos como un fenómeno paramilitar y se corresponde con la alianza de este gobierno con muchos carteles. De hecho, la mayoría de las personas que estuvieron en las Farc han asumido el acuerdo de Paz, con todas sus implicaciones, con todos los compromisos. Existen muchos proyectos cooperativos, de la economía solidaria, y otros liderazgos vinculados a la actividad política en el Congreso. Pero, quienes se mantuvieron en las armas o regresaron a las armas, que es lo que se llama ‘disidencias», a estas alturas esas personas han sido cooptadas por los carteles de narcotráfico y están trabajando en función de esos carteles. Aquí ha adquirido mucha influencia el cartel de Sinaloa, en el sur del país. Por lo tanto, seguir diciendo que son disidencias de las Farc es darle un carácter político que ya no tienen, porque están trabajando para el narcotráfico en alianza con la fuerza pública”.
Desde la Jornada Continental manifestaron que “es tiempo de la desmilitarización de los territorios, la protección y restablecimiento de las garantías para el ejercicio de los derechos humanos. En el marco de esta crisis y la vulnerabilidad de los pueblos, el Estado debe actuar con urgencia buscando soluciones para la población y estableciendo mecanismos de protección”.
Mientras tanto, las guardias comunitarias (campesinas, indígenas y cimarronas) se organizan en los territorios, no solo para garantizar la seguridad de la población, sino también la soberanía alimentaria con alimentos saludables cosechados de proyectos agroecológicos de la economía solidaria, a pesar de que el gobierno de Duque apueste al modelo que está en crisis, con grandes acuerdos comerciales internacionales e importando toneladas de alimentos a través de plataformas transnacionales.
“Estamos fortaleciendo la ‘autoprotección’, a través de guardias campesinas y cimarronas, para que haya mayor confianza entre las comunidades para evitar que llegue gente desconocida a los territorios», contó Nury. Si bien desde Fensuagro se han planteado en algún momento hacer un “éxodo campesino”, no es actualmente la opción que toman: “¿Qué hacemos si sacamos a la gente del territorio a la ciudad? -se pregunta Martínez-. Porque una vez que salimos del territorio es imposible volver a entrar. Nosotros vamos a defender al territorio desde el territorio, con las alianzas necesarias”.
