En la localidad de Añatuya, Santiago del Estero, viven los campesinos Oscar Quiroga y Claudia Coronel junto a sus dos hijos, de 13 y 10 años. Desde 2014, sufren amenazas y violentos intentos de desalojo por parte de bandas armadas, enviadas por el empresario francés Patrice François Louis Rene Lannou, quien busca apropiarse de las tierras en complicidad con el juez Álvaro Mansilla.
A través de la organización MOCASE Vía Campesina, la situación ha sido denunciada ante el Comité de Emergencia de la Provincia y la Policía. Se realizó entonces un allanamiento que logró dar con la banda armada. Sin embargo, los delincuentes siguen libres.
El pasado 4 de marzo, la familia Quiroga fue finalmente desalojada violentamente por más de 50 oficiales e infantería que irrumpieron en el lote. La situación es espejo del hostigamiento que sufren las comunidades locales en favor del capital extranjero. Desde MOCASE Vía Campesina, denuncian que “en medio del debate sobre los inmigrantes y la delincuencia, y la extranjerización de la tierra, aquí tenemos una persona de otro país cometiendo un delito, queriéndose apropiar del territorio por medio de la violencia y la corrupción. Fueron varias las veces que el Sr. Lannou recurrió a contratar bandas armadas para intentar desalojar a la familia Quiroga. A diferencia de la suerte de cualquier inmigrante pobre o trabajador, este inmigrante ilegal tuvo su premio: la complicidad del Juez Álvaro Mansilla”.
Desde ATALC, expresamos nuestro repudio activo contra el desalojo de Claudia Coronel y Oscar, Maia y Brian Quiroga, del lote 48 en Añatuya, Santiago del Estero. Repudiamos el accionar de la policía provincial y de los oficiales de infantería que los expulsaron, así como la gestión del Juez Álvaro Mansilla, quien emitió la orden de desalojo.
Remarcamos el legítimo derecho de la familia Quiroga sobre su tierra, y el accionar ilegal y violento del empresario francés Patrice François Louis Rene Lannou, en pos de cuyos intereses se realizó el desalojo. Denunciamos la complicidad del Comité de Emergencia Provincial, la policía provincial y el juez Álvaro Mansilla; quienes -a sabiendas de que el Sr. Lannou ha enviado repetidas veces bandas armadas a amenazar ilegalmente a la familia Quiroga- han optado por colocarse del lado contrario a la comunidad.
Finalmente, exigimos justicia para la familia Quiroga: que le sea devuelto el lote 48, que cese el hostigamiento por ella sufrido; y que sean debidamente investigados y condenados por sus crímenes el Sr. Lannou y los miembros de sus bandas armadas, así como a las instituciones provinciales por su complicidad.
