Dos dirigentes campesinos del Bajo Aguán hondureño fueron asesinados. Más dirigentes se encuentran en riesgo
“Hay un escuadrón de la muerte que opera en el Aguán, y lo venimos denunciando desde hace años. Estamos responsabilizando de forma directa al gobierno de Honduras, a la Corporación Dinant y a organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, por estas muertes”, afirmó en entrevista con Radio Mundo Real, el vocero de la Plataforma Agraria del Valle del Aguán, Yoni Rivas, sobre el asesinato reciente de sus dos compañeros.
Luego de finalizada una reunión el pasado martes, con más de 40 campesinos de las Empresas Asociativas del Asentamiento La Confianza, el presidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) José Ángel Flores y Silmer Dionisio George, también integrante del movimiento, fueron acribillados por sicarios. Ambos integraban una lista de militantes que contaban con Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde mayo de 2014.
Rivas, también ex Secretario General del MUCA, denuncia que el propio Ministerio Público hondureño tiene la información de quiénes integran los grupos que llevan a cabo los asesinatos, y que incluso tienen vinculaciones con el asesinato de la dirigenta Berta Cáceres: “pero no ejecutan su captura; esto es lo que nos da la razón responsabilizar al Estado de Honduras, y denunciar su vinculación con estos grupos paramilitares”.
«El interés es la tierra»
La denuncia contra la Corporación Dinant y el Banco Mundial (BM) lleva varios años. En 2013, la Oficina del Asesor en Cumplimiento (CAO por sus siglas en inglés), del propio BM reconoció mediante investigación interna, diversas violaciones vinculadas a un préstamo de US$ 30 millones del banco a Dinant para expansión de monocultivos de palma aceitera.
Entre estas violaciones, la CAO citó la denuncia de al menos “40 muertes vinculadas a fincas de Dinant, a sus guardias de seguridad o a su empresa contratista de servicios de seguridad”. En respuesta, la Corporación Financiera Internacional (perteneciente al BM y responsable por el préstamo), afirmó que “ha brindado y seguirá brindando apoyo a las guardias de seguridad de Dinant y a su empresa contratista de servicios de seguridad”, según divulgó en su momento la organización Oxfam.
Los asesinatos de campesinos en el Bajo Agúan suman 131 desde 2009, según Rivas. Una ínfima parte de ellos fueron investigados, y la enorme mayoría sigue impunide.
La alerta se mantiene
Aún bajo medidas cautelares, José Ángel Flores venía denunciando diversas amenazas vía teléfono en los últimos meses. Peor aún, las propias fuerzas del Estado llegaron a allanar su casa el 15 de marzo de este año, deteniendo a Flores e integrantes de su familia, bajo la excusa de estar buscando “armas y drogas”, según informó en su momento el periódico hondureño Criterio.
Rivas llama a la solidaridad internacional y a mantener la alerta: “es importante que los organismos defensores de Derechos Humanos, medios de comunicación y movimientos sociales a nivel mundial pongan sus ojos en la región del Aguán, porque ya se ha conocido públicamente un listado de personas que podrían ser asesinadas en los próximos días. Entre ellos, mi persona, Vitalino Álvarez, Jaime Cabrera, Doris Peréz, Marvin Alvarado; compañeros que estamos al frente de la lucha y que podríamos ser asesinados en los próximos días por estos grupos paramilitares que operan con la displicencia del Estado.
