Por: Juan Almendarez – Movimiento Madre Tierra / Amigos de la Tierra Honduras.

El asesinato de Berta Cáceres, dirigente del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), premio internacional Goldman; defensora de los ríos, del bosque y los territorios indígenas es el acto criminal representativo de la violencia extrema del sistema capitalista; que ocurrió el tres de marzo del año 2016, el crimen hasta el presente continúa impune.

I. Antecedentes.

El 28 de junio de 2009 ocurrió el golpe de Estado militar de Honduras, patrocinado por empresas multinacionales mineras, hidroeléctricas, la oligarquía local y la geopolítica de la ocupación militar estadounidense.

El 24 de agosto de 2009 el gobierno de facto aprueba la ley General de Aguas y deroga todos los decretos sobre las áreas protegidas. Entre 2010 y 2013 se aprueba el proyecto hidroeléctrico Aguas Zarca que pretende generar 21.3 MW mediante concesión del río Gualcarque, río sagrado para la cultura lenca. Energía que no es para los pueblos lencas sino para el negocio de las trasnacionales.

Ante la protesta mundial, doce días después del asesinato de Berta Cáceres, el 3 de marzo de 2016, los bancos FMO de Holanda con 15 millones de dólares y el FINNFUND (banco finlandés) con cinco millones de dólares de inversión decidieron la suspensión temporal (no cancelación) del proyecto hidroeléctrico.

Honduras es clasificada como uno de los países más pobres y explotados de América Latina, con la tasa de homicidios por cada/100 mil habitantes más alta en el mundo y una tasa de impunidad superior al 90 por ciento. Más del 30 % del territorio está concesionado a empresas mineras, hidroeléctricas y megaproyectos turísticos, agro combustibles, transgénicos y la explotación de la biodiversidad del bosque.

La política del Estado hegemonizada por la articulación de la geopolítica, el capital multinacional y la oligarquía local ha puesto en venta los territorios de Honduras favoreciendo la degradación y destrucción ambiental lo que se refleja en la pobreza, desigualdad social, emigración de las comunidades, y en forma inhumana ha conducido a la creación de zonas especiales de desarrollo para el crecimiento del capital.

La seguridad de los proyectos depredadores está garantizada por la militarización de la sociedad, las bases militares estadounidenses y un sistema de seguridad e inteligencia que tiene la asesoría de policías latinoamericanas y estadounidenses y la privatización de la seguridad. El sistema jurídico se caracteriza por ser punitivo, inquisitivo, persecutorio y falto de credibilidad.

¿Cuál es la realidad existente en Honduras?

Para analizar los crímenes y violaciones de los derechos de las comunidades, defensores y defensoras de los derechos humanos y ambientales es importante partir del contexto histórico de Honduras y América Latina y sus relaciones con Estados Unidos de América, primera potencia militar en el mundo, y considerar los hechos recientes que se han incrementado a partir del golpe de Estado militar.

¿Cuál era el objetivo inmediato y estratégico de este golpe militar?

Primero: Hacer retroceder el avance del proceso social de Honduras que lo acerca a una lucha por la emancipación y soberanía de los pueblos de América Latina para romper con los tratados desiguales de libre comercio y lograr el camino de la auto determinación. Por consiguiente, este golpe se enmarcó en una estrategia geopolítica militar y en una defensa de los intereses del capital trasnacional.

Segundo: No obstante que Honduras es un país ocupado por Estados Unidos desde la década de los ochenta, con el golpe de Estado se produce lo que hemos llamado la guerra total contra el pueblo en resistencia y movilización.

Desde hace 11 años a partir de 2000 a 2011 han muerto de forma violenta 46.450 compatriotas y de 2014 a 2016 la mortalidad alcanzó la cifra aproximada de 18.486 personas (diario Heraldo 7 de abril de 2014).

Para garantizar este proceso violento de acumulación por desposesión se militarizaron todas las instituciones del Estado, se privatizó la salud, la educación y Honduras se fue convirtiendo en un instrumento de la hegemonía militar de Estados Unidos en América Latina cuya política es obstaculizar los procesos de autodeterminaciones de los pueblos de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba y Nicaragua.

Progresivamente se fue construyendo un Estado policial militar bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y la existencia de los grupos de jóvenes organizados inicialmente en Los Ángeles durante la post guerra centroamericana. Estos grupos han sido estigmatizados como maras.

Es de destacar que el narcotráfico fue fortalecido por la corrupción de la CIA en el escándalo Irán- Contra y otros asuntos en el negocio de las armas. En el marco de esta política armamentista se desarrolló un fuerte aparato de seguridad del Estado y una política carcelaria punitiva y apareció otra figura criminal: los sicarios.

Paradójicamente a pesar de que el Estado hablara de democracia y de honestidad en sus políticas, la corrupción fue un componente que produjo escándalos nacionales e internacionales y ha contribuido a la política contra el narcotráfico y la justificación del mercado de las armas. Estos han sido indicadores para que el pueblo hondureño no tenga credibilidad en el sistema jurídico y en las políticas de seguridad y en defensa de Honduras.

En este marco de violencia Honduras se ha convertido en un experimento de guerra y golpes de Estado militares. El manual de tortura de la CIA en la guerra de Irak fue antes utilizado en Honduras. A pesar de la gran pobreza y desigualdad el Estado de Honduras continúa gastando en armas en la guerra contra su propio pueblo. En el año 2016 gastó 4.800 millones de lempiras, que equivalen aproximadamente a 205 millones de dólares en equipamientos israelíes incluidos buques de guerra y patrullas (diario Heraldo 19 de diciembre de 2016).

Para lograr mayor eficiencia y eficacia en la política del Estado policial militar, se produjo la reorganización de la administración de la justicia del Estado, fundamentado en la inteligencia y manejo de la información que tiene como fin el control y vigilancia de las fuerzas opositoras y de los verdaderos defensores y defensoras de los Derechos Humanos y del ambiente, lo cual contribuye a la impunidad y a generar trauma, terror y tortura.

Estas situaciones señaladas anteriormente fueron legalizadas por un sistema jurídico y por códigos penales que contribuyeron a crear condiciones para que las llamadas cárceles de máxima seguridad se transformaran en centros de máxima tortura, y para que los cuerpos militares y policiales fueran los guardaespaldas de las empresas multinacionales. La seguridad se privatizó y existen más de 80.000 hombres y mujeres en los aparatos de seguridad privada, que exceden el número de efectivos de los cuerpos militares y policiales. La militarización de las instituciones llegó a tal grado que se desarrolló un proyecto llamado Guardianes de la Patria, que se encarga de la educación de más de 75.000 niños y adolescentes para que el entrenamiento militar prevenga la delincuencia (según algunos analistas, este proyecto es un indicador de una política fascista que existe en Honduras).

Las hegemonías de las instituciones militares prácticamente están controladas por el Comando Sur. El ejército perdió su autonomía. Sin embargo, el Comando Sur expresa con cinismo que no hay bases militares en Honduras y que su misión es humanitaria, defensora de los derechos humanos, y que contribuye a la salud mediante brigadas médicas militares.

El sistema jurídico y la Corte Suprema de Justicia no tienen credibilidad en el país, porque sus fallos no están basados en el respeto a la ley y a los principios éticos.

El Congreso Nacional de la República ha desnaturalizado el espíritu de una democracia representativa. Las leyes emitidas han favorecido a las empresas multinacionales, sean estas mineras, hidroeléctricas o agrocombustibles. Los tratados comerciales que se han aprobado con los países dominantes han sido nocivos para el desarrollo del país. Todas estas situaciones se marcan en un proceso progresivo de empobrecimiento, explotación y enfermedad. Las epidemias en Honduras son la desigualdad social y la corrupción.

En síntesis, la violencia es extremadamente racista, patriarcal, y contraria a los derechos de la mujer y las comunidades LGBT. El capital trasnacional ha contribuido al cierre de las empresas nacionales y al mayor sufrimiento de las comunidades. La corrupción en salud es el mejor testimonio, porque se estima que se produjo un desfalco de 7.000 millones de lempiras (295 millones dólares).

¿Es posible una investigación ética y justa en los casos de los asesinatos de Berta Cáceres y los dirigentes indígenas de COPINH, MILPHA, de Margarita Murillo, del dirigente tolupan José de los Santos Sevilla, de los campesinos del Aguán y de las defensoras y los defensores de los derechos humanos y el medio ambiente?

Al no existir credibilidad en las instituciones de Justicia, en el Ministerio Público, en los aparatos policiales, militares y en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, se formulan las siguientes preguntas:

¿Es posible que se conozca la verdad de los autores materiales e intelectuales, sean nacionales o internacionales, que participaron en el crimen de Bertha Cáceres, de los miembros del COPINH, de los dirigentes lencas de MILPAH, los dirigentes tolupanes,de campesinos, abogados, periodistas, maestros y maestras de la resistencia, estudiantes de secundaria y profesores universitarios?

¿Qué garantía ofrecen las comisiones internacionales que podrían participar en las investigaciones criminales, cuando están vinculadas a los intereses del Pentágono y de las empresas trasnacionales?

Violencia extrema, trauma, terror y tortura

Honduras ha sido calificado como uno de los países más violentos del mundo, por su tasa de homicidios cada cien mil habitantes, y por la impunidad de más de 90 % de los casos. Sin embargo, no se señala que nuestro país es uno de los más golpeados por la mundialización del capital, que se manifiesta por la acumulación por desposesión (David Harvey, 2005) y por la subsunción formal y real del proceso de trabajo inmediato o el capital (Marx), lo cual ha sido ampliado por Jorge Veraza, quien formula el concepto de subsunción real del consumo bajo el capital.

La acumulación por desposesión se refiere a la utilización de procesos expansivos del capital en zonas indígenas y campesinas, que invaden territorios y despojan a las comunidades, afectando de manera profunda la totalidad de la vida mediante proyectos mineros, hidroeléctricos, monocultivos agrocombustibles y turísticos. Según Veraza, la subsunción (o sometimiento capitalista) de los seres humanos ya no solo es económico-política, ideológica, cultural y moral, sino que pasa a ser fisiológica y psicológica, pues dependemos principalmente del modo de vida y no solo del modo de producción instaurado por el capital. Esto explica por qué las personas desarrollan dependencia por la adicción al tabaco, alcohol y otras drogas, y de esta manera se redimensiona cualitativamente el sistema político y se profundiza más el sometimiento psicosocial. Se crean condiciones para fortalecer el racismo, sexismo y fascismo, que, a nuestro juicio, favorece una nueva era del capitalismo, la economía criminal, el narcotráfico, los que enajenan y cosifican las relaciones humanas, que se transforman en mercancías, e inmovilizan los procesos de emancipación y transformación social. En Honduras, el asesinato y las violaciones a los derechos humanos son mercancías.

Según Veraza (2008), la subsunción real del consumo bajo el capital (que no es lo mismo que la sociedad del consumo) explica por qué el armamentismo y la estrategia militar, así como la producción de valores de uso nocivos, incluye el complejo militar industrial, la lucha por el petróleo, el crecimiento del Estado y su intervención en la economía y en la vida social, en tanto garante de las condiciones de reproducción de capital.

Retomando las ideas de Ètienne Balibar (2005) vamos a considerar que en Honduras existen zonas de extrema violencia, en las cuales se producen la mayor parte de los asesinatos y detenciones policiales y militares. Estas corresponden a áreas paupérrimas, reprimidas y abandonadas por las políticas del Estado en materia de educación, salud y vivienda. Otras, llamadas zonas libres, donde viven los sectores económicamente poderosos y donde no existe aparentemente violencia. Finalmente, una tercera categoría son las zonas especiales de desarrollo, “ciudades modelo” que son proyectos donde habrá un control casi absoluto por las empresas trasnacionales, que tendrán autogobierno, y donde no habrá garantías sociales para los hondureños. Las zonas llamadas violentas son las que sufren mayor trauma tortura, terror y masacres.

Consideramos que, frente a esta escalada de la violencia, se necesita la unidad de todas las organizaciones defensoras de los derechos humanos y del ambiente, así como de los movimientos sociales y de aquellos sectores de la empresa privada que tienen una postura más crítica y más favorable a los derechos humanos, sumado al internacionalismo solidario de los pueblos de Estados Unidos, Europa, África, Asia y América Latina.

Honduras es el experimento de guerra que anuncia proyectos similares que pueden reproducirse en América Latina y en el mundo. Nuestro pueblo no es terrorista, y debemos luchar contra el Estado policial militar para construir una sociedad más justa y emancipada.

Levantemos nuestras voces contra el terrorismo del Estado trasnacional y contra la criminalización de la protesta que está desarrollando el capitalismo depredador y antihumano.

Tegucigalpa, 28 de febrero de 2017.

Referencias:
Veraza, Jorge. Subsunción real del consumo bajo el capital (1ª edición), México D.F., 2008.
Balibar, Ètienne. Violencias, identidades y civilidad (1ª edición), Barcelona, 2005.
Harvey, David. El “nuevo” Imperialismo: acumulación por desposesión, CLACSO, Buenos Aires, 2005.