La lucha contra el neoliberalismo y el poder del capital transnacional vive un nuevo capítulo en América Latina.
En noviembre de 2015, representantes del movimiento sindical, campesino, estudiantil, feminista, indígena, ambientalista, intelectuales y ecuménicos se congregaron en La Habana, Cuba, para celebrar los 10 años de la derrota del ALCA. En esa instancia, los diversos movimientos sociales de la región decidimos rearticularnos y movilizarnos en una Jornada Continental, apostando una vez más a la unidad de los pueblos para enfrentar la contraofensiva de la derecha y la arremetida neoliberal, así como para defender los avances logrados en varios países durante los últimos años.
Frente a la pretensión de la derecha, del capital transnacional y del imperialismo de acallar las voces y sofocar las luchas de resistencia y la construcción de alternativas, los pueblos de Nuestra América elegimos honrar la trayectoria colectiva de lucha por nuestra soberanía y la profundización de la democracia. Nos unimos una vez más para manifestar nuestro derecho a definir y construir un proyecto político de integración para y desde los pueblos y luchar contra el libre comercio y el poder de las transnacionales.
Como movimientos nos alimentamos de la historia compartida y la lucha unitaria contra el ALCA, que permitió reafirmar la voluntad popular de no someterse a los designios del imperialismo y al poder de las transnacionales. Entonces, no aceptamos un proyecto político y económico que pretendió imponer en nuestro continente valores, instituciones y normas dictadas por quienes controlan el capital, con la finalidad de consagrar el predominio del mercado por sobre los derechos de los pueblos para favorecer el lucro privado y la concentración de la riqueza.
Nos apoyamos en el legado de la luchas emancipadoras en el continente, en la resistencia contra las dictaduras, en la movilización continental en el marco de la campaña por los 500 años de resistencia indígena, negra y popular, en el combate contra la deuda, en las manifestaciones contra la privatización de los servicios públicos y los bienes comunes como el agua, en la lucha por la reforma agraria y la soberanía alimentaria, y el combate al patriarcado. Así, los movimientos sociales del continente supimos romper las barreras de lo sectorial para comprometernos en la construcción de la soberanía de los pueblos en torno a una agenda política común de resistencia a los dictámenes de Estados Unidos y las transnacionales.
Esa articulación popular unitaria que se expresó en la Campaña Continental Contra el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) permitió sentar las bases para la derrota de un proyecto político que pretendía la incorporación de todas las dimensiones de la vida humana al circuito de apropiación de plusvalía y acumulación, la privatización de lo público, el control absoluto de los territorios por el gran capital, así como la desaparición de las fronteras para el libre movimiento del capital y la imposición de nuevas fronteras y restricciones para los pueblos.
La lucha contra el ALCA coincidió con las luchas contra la privatización del agua y, en países como Bolivia y Uruguay, el pueblo organizado salió a defender el derecho humano al agua que implicaba revertir o impedir la privatización de ese bien natural vital y del servicio público de abastecimiento. Empresas transnacionales como Bechtel o Suez, que en la década neoliberal se apropiaron de este patrimonio común, debieron enfrentar la lucha y la resistencia que se expresó en las calles y mediante mecanismos democráticos en las urnas como el plebiscito.
Con ese acumulado histórico, en el marco de la Jornada Continental, los movimientos sociales tomaremos una vez más las calles y nos manifestaremos públicamente en los distintos países del continente, con una plataforma común, reivindicando la democracia, los derechos contra los golpes de Estado, y la soberanía y la integración de los pueblos en oposición a los tratados de libre comercio e inversiones y el poder de las transnacionales.
En Uruguay, el sindicato PIT-CNT ha definido un paro parcial para articular la lucha de los y las trabajadoras en defensa del salario –en un contexto en el que varios sindicatos atraviesan una situación difícil en los consejos de salarios– y de las empresas públicas –particularmente de la empresa de telecomunicaciones ANTEL que está siendo atacada por la transnacional Claro y el poder judicial– con la agenda de la Jornada Continental. El paro irá acompañado de una movilización y un acto público que contará con la presencia destacada de la Presidenta Dilma Rousseff, convocado por todas las organizaciones sociales que venimos coordinando acciones en el marco de este proceso de lucha.(1)
En La Habana estudiantes, trabajadores/as, jóvenes, campesinos/as, intelectuales, federadas y cederistas(2) se movilizarán en defensa de la soberanía de Cuba en la Plaza Ignacio Agramonte, de la Universidad de La Habana, en un acto que cerrará con un concierto.
En San Pablo, las organizaciones sindicales, de trabajadores/as rurales, mujeres, estudiantes, ambientalistas, migrantes, junto a otras organizaciones sociales, se concentrarán en la Arena de la Cámara Municipal de San Pablo para denunciar el golpe contra la presidenta Dilma Rousseff que llevó a imposición de un retroceso en materia de derechos sociales, la privatización de los servicios públicos, la entrega de las riquezas naturales al capital transnacional, así como a la criminalización de los movimientos sociales. Asimismo, manifestarán su solidaridad con los estudiantes que se oponen a la reforma educativa y su posición a favor de la reforma agraria. Este acto será el preludio de la Huelga General del 11 de noviembre.
En México, las organizaciones y movimientos sociales se movilizarán hacia el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, bajo la consigna «El TPP no pasará», en un contexto de intensa confrontación contra el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica y las denominadas «reformas estructurales» que se están imponiendo en el país.
En El Salvador, organizaciones y movimientos sociales comprometidos con las transformaciones nacionales, se reunirán en un Foro por la Soberanía de los Pueblos para analizar los Tratados de Libre Comercio e Inversiones que profundizan la mercantilización de los bienes naturales.
Estos son tan sólo algunas expresiones de la Jornada Continental que recorrerá nuestra América Latina, en una apuesta a un proceso del cual la Jornada del 4 es más un punto de inicio que de llegada.
El golpe en Brasil y los intentos de desestabilización en Venezuela protagonizados por la derecha, como antes los golpes en Paraguay, Honduras y Haití, nos exigen retomar la defensa de la democracia como elemento central y prioritario de nuestra agenda política. La derecha del continente busca hacerse del poder por distintos medios para imponer sus intereses antipopulares, contando con el apoyo de los medios masivos de comunicación que les pertenecen, y poderes judiciales amañados y conservadores que les protegen.
Hoy somos testigos de cómo los retrocesos democráticos impulsados por las fuerzas conservadoras y el capital devienen en una ofensiva contra la clase trabajadora, las mujeres, los movimientos campesinos, indígenas, afrodescendientes, y se manifiestan en cambios de políticas para revertir los avances logrados en la agenda de derechos y en ataques misóginos, patriarcales y machistas. Asimismo se busca consolidar la usurpación y devastación de los territorios, la mercantilización y financierización de la naturaleza, al tiempo que se recrudece la persecución y criminalización de los movimientos que resisten la negación de derechos, la destrucción de los medios de sustento y la apropiación de los bienes comunes.
La defensa de la democracia y la soberanía nos exige oponernos al marco jurídico neoliberal, expresado en los tratados de libre comercio y de inversiones, que le da todo el poder a las transnacionales. En nombre de la desregulación se imponen cada vez más normativas, ya no en función del bienestar colectivo sino para limitar las potestades de los Estados de definir políticas públicas en función de interés público y atentar contra los derechos de los pueblos y acaparar territorios.
Aquellas disposiciones que los países del Norte no lograron imponer con facilidad en la Organización Mundial del Comercio (OMC) por oposición o resistencia de los países del Sur, hoy constituyen el núcleo central de los textos de los Tratados Comerciales Megarregionales que se están negociando. La capacidad de los Estados de definir y dirigir sus políticas públicas se ve cuestionada y constreñida por el alcance de los dichos acuerdos y sus disposiciones y definiciones, que se pretenden como el nuevo ‘patrón oro’ universal en materia de legislación internacional.
Ejemplo de ello son los capítulos que apuntan a la liberalización a ultranza de las compras públicas para no permitir a los Estados disponer de este instrumento para promover el desarrollo de la producción local, o de los servicios para permitir que el capital transnacional pase a controlar este sector fundamental de nuestras sociedades y economías y acabar con el papel del Estado en la prestación de servicios públicos y por ende de garantizar la realización de derechos fundamentales.
A ello se suman otros capítulos que pretenden, por ejemplo, debilitar a las empresas del Estado e imposibilitar que las mismas sean utilizadas como instrumentos de desarrollo y promoción de la justicia social, o que van en detrimento de la soberanía en el establecimiento de la política pública, como el de transparencia, que exige que antes de que se aprueben nuevas leyes o normativas, las mismas deben ser sometidas a consulta y a las opiniones y preocupaciones de las «partes interesadas», léase el sector privado y las empresas transnacionales. Por su parte, la coherencia regulatoria busca garantizar que las normas sean las mismas en todos los países para facilitar el control transnacional de las cadenas de valor y encadenar nuestro futuro a los intereses de las empresas transnacionales.
No sólo los tratados de libre comercio cuestionan el margen de maniobra en materia de política pública de los Estados, sino también los Tratados Bilaterales de Inversiones, en los que se abusa de la definición de inversión y expropiación para incluir cualquier tipo de actividad o proyecto de los inversionistas extranjeros, y calificar como expropiación cualquier política pública, medida gubernamental o decisión de la justicia que sea percibida por las transnacionales como atentatoria contra sus expectativas de ganancia.
Ya tenemos numerosas experiencias en nuestros países de demandas de las empresas transnacionales contra los Estados ante tribunales arbitrales transnacionales como el CIADI, que nos colocan en alerta y en pie de lucha y nos exigen oponernos con vehemencia al inmenso poder que adquiere el capital transnacional a quien se le garantiza el derecho a cuestionar las políticas públicas si consideran que las mismas atentan contra sus ganancias.
Pero existen vientos que nos alientan a seguir. La reciente salida de Uruguay de las negociaciones del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA) como resultado del análisis, denuncia y movilización de la clase trabajadora organizada en el PIT-CNT, organizaciones sociales que trabajan en pos de la justicia social y ambiental e intelectuales y académicos comprometidos y de la decisión democrática y consciente del Frente Amplio, es una muestra de que los pueblos están preparados para dilucidar las implicancias de los nuevos tratados megarregionales y exigir a los gobiernos la defensa del bien común.
Por otra parte, el marco de impunidad que beneficia a las transnacionales y les permite continuar perpetrando violaciones de derechos humanos sin responder por ellas ante la justicia, hoy está fuertemente cuestionado y por ello, las organizaciones y movimientos sociales de la región y el mundo estamos apoyando la iniciativa de gobiernos como el de Ecuador y Sudáfrica en la ONU e impulsando un Tratado Vinculante sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos.
Los movimientos sociales no solo cuestionamos la inserción de nuestros países al mercado global en función la agenda política-económica del gran capital, sino que nos hemos comprometido a retomar e impulsar un proyecto emancipador de integración regional que apuesta a la solidaridad, complementariedad y reciprocidad en un marco de realización de derechos, reconocimiento y respeto a la diversidad y defensa del territorio.
En un contexto de amenazas crecientes, el movimiento sindical juega un papel central en la construcción de la unidad del campo popular y en la apuesta a la articulación de las diversas expresiones de la lucha que protagonizamos los movimientos sociales de nuestra América Latina. Su capacidad de movilización es imprescindible en la oposición a la agenda de la derecha y sus golpes de Estado, a los tratados de libre comercio y al poder creciente de las empresas transnacionales, que atentan contra la clase trabajadora del continente; así como para la defensa de los derechos, de la soberanía, de lo público y la construcción de un proyecto de integración desde y para los pueblos.
Por Karin Nansen
Publicado en: https://nuso.org/articulo/renovacion-neoliberal-renovacion-de-las-luchas/
(1). PIT-CNT, FEUU, FUCVAM, FUNDACIÓN VIVIAN TRÍAS, REDES-Amigos de la Tierra, CADESYC, FUNDACIÓN RODNEY ARISMENDI, FILA, REDIU, PRODERECHOS, COORDINADORA DE SOLIDARIDAD CON LA REVOLUCIÓN CUBANA, RED DE MILITANTES DE IZQUIERDA, REBELDES, SEPLA
(2). Militantes de los Comités de Defensa de la Revolución.
