CENSAT Agua Viva -Amigos de la Tierra Colombia- expresa su respaldo al Paro Nacional y las justas movilizaciones sociales y populares que se realizan en todo el territorio nacional y otros países, y exige el cese de la violencia sistemática, la violación de los derechos humanos, las desapariciones y los asesinatos de los que está siendo objeto el pueblo colombiano. De la misma manera, declara la necesidad de defender el legítimo derecho a la manifestación pública, que, en los días más recientes, ha expresado la amplia inconformidad frente a un modelo político y económico que se encuentran en detrimento de la vida, una afrenta a la dignidad de los pueblos en Colombia.
La crisis actual, y las movilizaciones de los últimos días, son motivadas por la búsqueda de aprobación a una reforma tributaria que menoscaba las condiciones de sustento de la población colombiana y que sin duda aumentaría la brecha de desigualdad entre los sectores sociales y económicos. Si bien el presidente Ivan Duque anunció el retiro del proyecto de reforma, aún continúan las protestas motivadas por un amplio entramado de políticas que privilegian la acumulación monetaria de unos pocos y un escenario de violencia sobre el bienestar, la vida digna de los pueblos y la reconciliación con la naturaleza. Algunas de las razones para mantener las movilizaciones se encuentran relacionadas con:
El crecimiento de la pobreza en Colombia, que de forma paralela ha observado el crecimiento de las riquezas de la élites políticas y económicas. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 21 millones de personas, es decir, el 42.5% de la población nacional se encuentran bajo la línea de pobreza monetaria, y 3.5 millones de personas ingresaron a esta línea durante el 2020: En contraste el informe de actualidad del sistema financiero colombiano, publicado por la Superintendencia Financiera, muestra que entre enero y septiembre registró utilidades por $24,25 billones.
La falta de voluntad por parte del gobierno de Iván Duque para avanzar en el cumplimiento de los acuerdos firmados con la otrora insurgencia de las FARC-EP, en un contexto donde alrededor de 270 personas firmantes han sido asesinadas durante los últimos años, véase http://www.indepaz.org.co/informe-de masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021/.
La crisis humanitaria provocada por el crecimiento de la violencia en el país, con el sistemático genocidio de los liderazgos sociales. En lo que va del año 2021, como se cita en el informe de INDEPAZ (Instituto de estudios para el desarrollo y la paz) van 32 masacres y durante los primeros dos años del gobierno actual han sido asesinados 573 líderes y lideresas sociales.
Un paquete de reformas a la salud, a las pensiones y a la educación que limita aún más el acceso a estos derechos para todos y todas las colombianas.
Un modelo de desarrollo que considera a la naturaleza como una mercancía, como objeto para el lucro en detrimento de los pueblos, propiciando la acumulación y el despojo de las tierras y las aguas. Esto se evidencia con el regreso de la aspersión aérea con glifosato, la consideración de las actividades extractivas como de alta prioridad para la reactivación económica, la continuidad de la minería en páramos y la vía libre para adelantar los primeros proyectos de fracking en el país. Todo ello sin reales garantías para la participación social.
Un desastroso manejo de la pandemia por parte del gobierno que, durante el último año, priorizó la ayuda a bancos y grandes empresas, mientras negó la renta básica a la población en más extrema vulnerabilidad. De forma paralela, se acrecentó la inversión militar, la militarización en los territorios y los abusos policiales en todas las regiones.
Por estas y otras razones, el pueblo colombiano sigue en las calles con movilizaciones pacíficas, lo que contrasta con la actitud del gobierno y su respuesta militar con el llamado a la intervención del ejército en las ciudades y la intensificación de la violencia de fuerzas policiales, generando nuevos riesgos y vulneraciones a la vida, la libertad, la integridad y demás derechos fundamentales. Al mismo tiempo,las élites políticas de derecha y los medios de comunicación masivos intentan desacreditar a los manifestantes llamándolos vándalos, o poniendo el acento en la importancia de la “estética” de las ciudades anulando las reivindicaciones de las masas.
Esta estrategia, sumada a las expresiones del ex-presidente Álvaro Uribe Vélez incitando a la violencia al promover que soldados y policías utilicen sus armas contra los manifestantes para defenderse, ha desembocado en actos de violencia por parte de la fuerza pública en contra de las personas que se movilizan. Según datos de Temblores ONG, durante las manifestaciones realizadas hasta el momento entre las 6 a.m. del 28 de abril y las 8 a.m. del 4 de mayo se han registrado 1443 casos de violencia policial, 31 asesinatos por parte de la policía, 814 detenciones arbitrarias, 92 víctimas de violencia física, entre ellas 21 personas con agresiones en sus ojos y 10 mujeres víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública. Cifras que pueden ser mayores, dada la incapacidad de atender y dar seguimiento a los desmanes que ocurren en paralelo en diversas regiones del país.
CENSAT Agua Viva -Amigos de la Tierra Colombia- como organización en lucha por la justicia ambiental, social, económica y de género, denuncia vehementemente la violencia sistemática que el gobierno está infringiendo al pueblo colombiano y que está cobrando la vida de hombres y mujeres que reivindican sus derechos sociales, económicos, políticos y ambientales. Es así que hacemos un llamado nacional e internacional a reforzar la solidaridad internacionalista e instamos:
Al gobierno nacional:
A detener inmediatamente la grave situación de violación de derechos humanos en Colombia que se presenta con las detenciones arbitrarias, la estigmatización del derecho a la protesta, el abuso de la fuerza pública.
Suspender la represión armada a la protesta pacífica y la militarización de las ciudades.
Garantizar el cese inmediato de las acciones violentas contra los pueblos, sus organizaciones y movimientos, por parte de miembros de instituciones del Estado.
Cumplir el deber constitucional consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política donde dice que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente.
Generar espacios de participación democrática, activa y vinculante para la construcción de políticas públicas que tengan en cuenta las diferentes voces de los territorios, las organizaciones comunitarias, los movimientos sociales y la ciudadanía en su conjunto.
A la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación:
Mantener la independencia para ejercer sus deberes de control frente a los abusos oficiales del uso de la fuerza, como informar de manera pormenorizada los desmanes y violaciones de los derechos humanos de la fuerza militar y policial.
A la comunidad internacional:
Sumar su voz de denuncia, difundir las situaciones de violación de derechos humanos y mantener un seguimiento estricto del desarrollo de estos acontecimientos.
Unirse a la manifestación global del próximo 7 de mayo, en todas las embajadas y consulado de Colombia exigir que se detenga la violencia y la represión contra el pueblo colombiano, y pedir por la construcción de una paz con justicia social y ambiental en Colombia.
Bogotá 05 de Mayo de 2021
