América Latina es una región de grandes luchas lideradas por mujeres, que sin embargo sigue bajo dominio patriarcal. La violencia de género entendida como un problema estructural de disclipinamiento, control hacia las mujeres y disidencias, se agudiza en tiempos de pandemia y crisis económica, momentos en los cuales paradójicamente las mujeres lideran las primeras líneas de asistencia y cuidados a los sectores vulnerables y afectados, y también la resistencia a los embates neoliberales. Los femicidios son la peor cara de esta realidad.
Según Juan Almendarez, miembro de Madre Tierra / AT Honduras “se estima que en Honduras se produce cada menos de 24 horas un femicidio con una impunidad de más del 90%. Se puede decir, que se ha crecentado la verticalidad autoritaria frente a la horizontalidad solidaria”
Según registros oficiales de este país, entre enero y julio de 2020, 58.688 mujeres llamaron al 911 pidiendo ayuda y denunciando violencia doméstica, intrafamiliar y sexual. En Honduras no existen políticas públicas ni instituciones de acompañamiento a estas víctimasi.
Pero la violencia contra las mujeres en Honduras no es sólo doméstica, está institucionalizada. Son habituales las denuncias de violencia y ejecuciones extrajudiciales a mujeres perpetradas por las fuerzas militares y policiales, y en este ámbito también la impunidad reina. Es frecuente la invocación al suicidio como forma de encubrimiento, sosteniendo redes de lealtades entre femicidas que operan en las fuerzas del orden.
Así fue el proceder de la policía en el caso de Keyla Martínez Rodríguez, asesinada en un destacamento policial de La Esperanza, Intibucá, luego de una detención irregular “por violar el toque de queda y escándalo en la vía pública”, dos infracciones irrisorias que le costaron la vida a esta joven estudiante de enfermería, que iba camino a la primera línea de cuidados.
Para Juan Almendarez “es una política patriarcal contra mujeres que tienen una individualidad profundamente social, como Keyla Martínez, quien realizó primero estudios técnicos de enfermería auxiliar y que después estaba próxima a graduarse de enfermera profesional. Una persona muy estimada en la comunidad estudiantil y en su trabajo hospitalario”
Durante 6 meses de impunidad, el sistema judicial actuó con negligencia, se manipularon pruebas y la familia de la víctima está siendo hostigada por la policía. En varias ciudades del país se convocaron movilizaciones para exigir el esclarecimiento del crimen y hubo represión policial. Luego de varios meses de dilaciones, el Ministerio Público detiene a Jarol Perdomo Sarmiento, uno de los policías implicados en el hecho, y del cual se tienen suficientes indicios para acusarlo de femicidio agravado.
Esta violencia institucionalizada, muchas veces cuenta con impulsores provenientes del poder económico, como las grandes empresas trasnacionales y sus megaproyectos. La muerte de Keyla Martínez Rodríguez ocurrió en la misma ciudad donde asesinaron a Berta Cáceres, uno de los casos de femicidios a defensoras ambientales. Berta y Keyla representan la centralidad de la vida, como defensoras del agua y la salud, inmersas en un proyecto de muerte que las elimina.
Desde el golpe de Estado de 2009, el gobierno de Honduras ha concesionado alrededor de 200 proyectos hidroeléctricos y mineros, entre ellos el proyecto Agua Zarca, instalado sobre el Río Gualcarque, sin consultar a la comunidad Lenca, un proyecto que se propone como una falsa solución de “energía limpia” violando el convenio 169 de la OIT. Este fue el proyecto al que se opuso Berta Cáceres y conllevó a su asesinato. (ATALC, 2019)
Son numerosas las denuncias hechas por comunidades que luchan contra los megaproyectos hidroeléctricos en Honduras, al igual que Berta. Entre ellos el Consejo Indígena Lenca de Reitoca (CILRF) desde hace tres años ha emprendido una lucha contra la instalación de la hidroeléctrica Petacon, el proyecto es liderado por la empresa PROGELSA (Promotora de generación de energía limpia S.A) empresa denunciada a nivel internacional por violaciones a DDHH. Recientemente, el jueves 5 de agosto de 2021 durante la madrugada de Honduras, la policía ingresó violentamente en la comunidad indígena de Reitoca, lanzando gases lacrimógenos, golpeando y amenazando pobladores y pobladoras, llevando detenidos bajo acusaciones falsas a 5 líderes de la comunidad en un claro acto de criminalización y represión de los defensores de territorios, que finalmente fueron liberados pero quedaron procesados, debiendo enfrentar la judicialización de sus luchas.
Las empresas transnacionales (ETNs), en países como Honduras, están respaldadas por leyes nacionales y múltiples instrumentos internacionales (como los acuerdos de reparto de beneficios, los acuerdos de libre comercio y los tratados bilaterales), y se aseguran una impunidad continua para sus violaciones de los derechos de los pueblos y sus abusos ambientales. Sus acciones suelen estar respaldadas por los gobiernos, que actúan como facilitadores de los intereses privados, incluso movilizando la policía o el ejército para silenciar la oposición a dichos procesos.
Esta violencia se ve impulsada tanto por el accionar neoliberal de las trasnacionales en los territorios, como por la militarización, que lleva varias décadas de implementación en el país centroamericano. El poder militar está integrado a todos los espacios y estructuras estatales y públicos, y actúa como garante de los procesos de destrucción de los pueblos y territorios.
Los femicidios en Honduras resultan un ataque directo a personas que están en la primera línea no sólo en la lucha contra la pandemia y la destrucción ambiental, sino en la trascendental lucha por un cambio de sistema, que incluya una transición justa, con organización política de base y los procesos políticos colectivos, horizontales y democráticos.
