Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) reitera su preocupación al analizar el difícil camino social y político que lleva El Salvador en los 2 últimos años, desde la llegada de Nayib Bukele a la presidencia del país.
Conocemos la difícil historia que le ha tocado vivir a la población salvadoreña con una guerra de más de 12 años que dejó más de 75 mil muertos. Parecía que con la firma de los acuerdos de paz se había logrado iniciar el lento camino en la construcción de una institucionalidad que permitiera lograr, eventualmente, una situación democrática con menos injusticia social que la que se había vivido en los regímenes militares anteriores.
Se habían logrado algunos avances en materia social sobre todo en los últimos 10 años; se había fortalecido la capacidad de exigirle a las autoridades el ejercicio de la transparencia, el respeto a los derechos de las comunidades y poblaciones, el empoderamiento de la mujer y de sectores vulnerables y sobre todo la construcción de una institucionalidad que pudiera servir de base para contar con un país democrático, justo y solidario.
Con la llegada de Bukele al poder, parece que todas las luchas por una sociedad democrática se han venido al suelo. Las desviaciones autoritarias de Bukele quedaron en evidencia el 9 de febrero de 2020 cuando invadió el congreso con la fuerza militar, para presionar la aprobación de un préstamo que no tenía fines claros. Posteriormente, para las elecciones de alcaldes y legisladores en febrero 2021, Bukele impulsó una campaña fraudulenta obstaculizando la participación de la oposición, negándole los fondos que por ley le corresponden a todos los partidos para sus campañas, aliándose con grupos criminales conocidos como pandillas que impedían el acceso de otros partidos a los territorios bajo control y apropiándose de los fondos que por ley se deben trasferir a los municipios para realización de obras, todo esto con el objeto de generar descontento en las poblaciones de los municipios y así favorecer a los candidatos de su nuevo partido Nuevas Ideas. Además, Los pocos avances en materia ambiental que se habían logrado en los gobiernos anteriores han sido casi totalmente eliminados por el actual gobierno.
Con ocasión de la pandemia de COVID-19, Bukele utilizó fondos públicos para repartir víveres a familias pobres, utilizando la maquinaria de su partido y apoyándose en el ejército, a quién siempre dio todas las dádivas necesarias para contar con su apoyo. También para mantener la lealtad de los miembros de su gabinete y otros sectores, Bukele permitió que realizaran actos de corrupción que superan considerablemente a los ocurridos en gobiernos anteriores, tal es el caso que el gobierno de EE.UU. ha publicado la lista Engels donde incluye varios nombres de corruptos del gabinete de Bukele; para desviar la atención, Bukele se dedicó a perseguir adversarios políticos y encarcelar a anteriores funcionarios públicos, acusándolos de delitos no probados judicialmente. De paso Bukele ha mantenido un constante hostigamiento a casi todos los medios de prensa no afines a su conducta, así como a líderes y lideresas sociales y académicos que se han atrevido a denunciar sus injusticias y violaciones de derechos.
Los resultados fueron, como se esperaba, que su partido logró mayoría en el congreso y gobiernos municipales. El 1 de mayo de 2021 que inició labores el nuevo congreso, se procedió a destituir al Fiscal General de la República y a la Sala de lo Constitucional, y a nombrar en dichos puestos a personas de su confianza, obviando los procesos establecidos legalmente para el cambio de esos funcionarios. En sesiones posteriores se procedió a destituir a todos los jueces mayores de 60 años, lo que constituye una tercera parte de los jueces, y nombrar a jueces de su partido. En un acto nunca visto anteriormente, la Sala de lo Constitucional Impuesta procedió a decretar que el presidente Bukele tiene el derecho a reelegirse en el cargo, a pesar de que la constitución salvadoreña expresamente lo prohíbe. Su partido Nuevas Ideas ya lo está postulando para la reelección presidencial en 2024.
En síntesis, en El Salvador se está destruyendo la institucionalidad que pudiera haber servido de base para la construcción de un país democrático y esto no puede pasar desapercibido por la comunidad internacional.
Así, ATALC condena de manera vehemente el golpe a la democracia en El Salvador y hace un llamado a todos los gobiernos y fuerzas progresistas del mundo, a utilizar los medios diplomáticos a su alcance para exigir a Nayib Bukele dejar sin efecto todos los nombramientos ilegales, respetar la institucionalidad salvadoreña, manejar con honestidad y transparencia la cosa pública, garantizar la libre expresión y no violar los derechos de los pueblos y sus derechos humanos.
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)
Septiembre de 2021
