Ante las amenazas, intimidaciones, acciones de vigilancia y seguimientos de que han sido objeto las organizaciones sociales, líderes y lideresas que se encuentra en movilización en contra del proyecto minero de carbón a cielo abierto en el municipio de El Carmen de Chucurí, Santander, Colombia, a cargo de la empresa Colcco, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe solicita al gobierno colombiano garantice el respeto por los derechos de las comunidades y organizaciones que desde hace más de 20 días se movilizan en defensa de sus aguas y territorios y sancione urgentemente a los responsables de las agresiones.
Desde el 9 de enero de 2023, pobladores de los municipios de Barrancabermeja, San Vicente y el Carmen de Chucurí, pertenecientes a la región del Magdalena Medio santandereano, protestan por la entrega de la licencia ambiental a la empresa minera francesa Colcco S.A. para la explotación de una mina de carbón a cielo abierto. Las comunidades y organizaciones han denunciado una serie de inconsistencias en la entrega de la licencia y exigen su inmediata derogación. A pesar de que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció públicamente el pasado 25 de enero que impulsaría una acción de nulidad con el objetivo de revocar el permiso entregado a la empresa por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para explotar carbón durante 30 años, a la fecha no se ha realizado ninguna acción concreta al respecto.
De forma paralela, desde varias semanas atrás se inició una serie de intimidaciones y amenazas a los líderes y lideresas ambientales que impulsan la movilización social. Además, se han presentado seguimientos e intimidaciones a las personas que participan de las protestas. De la misma manera, se han exhibido cuatro panfletos y un video intimidatorios firmados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC- o Clan del Golfo, en donde declaran objetivo militar a quienes han participado en las movilizaciones en contra del proyecto minero, pero además a muchos otros sectores y organizaciones de la sociedad civil que ni siquiera han participado en el paro. En este contexto, respaldamos la legítima lucha pacífica que estas organizaciones están realizando como una forma para enfrentar la crisis climática planetaria.
Desde la comunidad internacional, condenamos el uso de estas estrategias de intimidación y amenaza para defender un proyecto extractivo y amedrentar a quienes se organizan para defender sus territorios y poner en práctica la democracia ambiental. Exigimos al Gobierno Nacional, Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo generar una alerta temprana que generen medidas contundentes para salvaguardar la vida de los defensores y defensoras de la naturaleza, además de realizar las labores que sean pertinentes para encontrar y procesar judicialmente a los responsables de estas acciones que buscan generar terror en la población.
Expresamos nuestra solidaridad internacionalista con los y las líderes ambientales de la región del Magdalena Medio santandereano y nos mantendremos alerta al avance de las medidas de protección y garantía de derechos. Invitamos a otras organizaciones a pronunciarse en contra de estas acciones de violencia frente a la legítima movilización de los pueblos(*).
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, ATALC
1º de febrero de 2023
(*) Esta comunicación será enviada a la Presidencia de la República de Colombia, Ministerio del Interior y Defensoría del Pueblo.
