La “Jornada Latinoamericana y Caribeña de Integración de los Pueblos” constituye un momento de retomada de la unidad de los pueblos de “Nuestra América”, de movilización y acción para remarcar apuestas y propuestas frente la ofensiva de las diversas estrategias de dominación colonial, neocolonial e imperialistas impulsadas por el gran capital e implementadas a través de golpes de Estado, mecanismos de desestabilización, endeudamientos y dependencia perpetua, saqueo de bienes comunes y una guerra por el control y la homogeneización de nuestra diversidad cultural. Una guerra por los sentidos que orientan la vida, por las emociones y los sueños, por la idea de futuro.
En tiempos en que nos enfrentamos a una escalada de la violencia material y simbólica, se hacen necesarios nuevos impulsos y esfuerzos de unidad de nuestros pueblos. Desde los derechos a la soberanía y la autodeterminación de los países, desde la alegría, la diversidad de expresiones sociales, organizativas, culturales, partidos políticas, ideológicas, nacionales y desde los territoriales, proponemos esta agenda común que nos permita retomar el camino cooperación e integración entre los países de América Latina y el Caribe.
1. Democracia e Integración Regional
La democracia es un valor central y transversal de cualquier formulación para la integración regional. Históricamente, los procesos de integración regional han servido a la defensa de la democracia frente a los ataques e intentos desestabilizadores, bélicos y golpistas. La integración regional debe fortalecer y desarrollar más y mejor institucionalidad democrática con mecanismos claros de participación de los pueblos en las políticas públicas, con transparencia y procesos de rendición de cuentas de los gobiernos. Rediseñar la institucionalidad actual es una tarea urgente. Nuestros pueblos deben ser parte de la toma de decisiones sobre un futuro que les pertenece.
La integración regional también necesita ser parte de los presupuestos nacionales, de los proyectos de cooperación entre los gobiernos y grupos de gobiernos y muy especialmente de los organismos internacionales que canalizan recursos de la cooperación internacional y que por lo general han respondido a las agendas e intereses de las empresas y entidades de
naturaleza privada.
Las instancias para la participación social en la integración regional deberán ser construidas y definidas en consulta con los movimientos sociales, campesinos, sindicales, por la justicia ambiental, de los pueblos originarios y demás actores comprometidos y actuantes en la integración. Deberán ser los propios movimientos sociales los que determinen autónomamente sus formas de representación y participación en las instituciones de la integración existentes y que se puedan crear en el futuro. La participación social en la integración deberá contar con recursos asignados y asegurar el diálogo e intercambio con las instancias de los gobiernos.
Si los pueblos no son protagonistas de la integración, no habrá integración posible. Debemos pensar una estrategia de integración que tenga como eje central la cultura. Construir una integración a partir de programas educativos comunes, de medios de comunicación que dialoguen con toda la región, de materiales comunicativos orientados para a las infancias y las juventudes sobre la historia de integración entre nuestros pueblos desde sus luchas por la independencia y otros ejemplos de construcción de nuestra comunidad latinoamericana y caribeña. Crear condiciones para potenciar intercambios y diálogos culturales entre las instituciones científicas, culturales y académicas que favorezcan que la ciencia y el talento de nuestros pueblos sirva en primer lugar a nuestros países y que el conocimiento no se convierta en mercancía y otra forma de saqueo.
2. Libre Circulación. Ciudadanía Regional. Derechos de las personas migrantes
Todas las personas tienen derecho a migrar, a no migrar y a retornar a sus países de origen. La migración es un fenómeno económico, social, cultural y político que hace parte de los procesos de conformación de las sociedades y las naciones. Hay que erradicar la criminalización de las migraciones y favorecer que las personas que migran puedan insertarse económica, social, cultural y políticamente en los países de acogida. Rechazamos la xenofobia, el racismo y los discursos de odio contra las personas migrantes, refugiadas y asiladas.
Proponemos la creación de mecanismos de coordinación, monitoreo y respuesta a las dinámicas migratorias causadas por la violencia política y el crimen organizado, las crisis económicas, sociales y climáticas. Una institucionalidad que esté anclada en los Estados y en la integración regional que desarrolle una mirada y respuestas regionales para esta realidad que crece aceleradamente en la región. Las políticas y respuestas para la libre circulación de las personas migrantes deben basarse en un enfoque de derechos, considerar a las personas y sus familias y responder a las múltiples necesidades (vivienda, trabajo, alimentación, educación, salud y bienestar general). El tratamiento de estas necesidades y el abordaje a las personas migrantes y sus familias no son temáticas para ser tratadas como parte de las doctrinas nacionales de seguridad y defensa. Las personas migrantes constituyen una fuerza económica, social y cultural que enriquece a todos los países y deben ser considerados como sujetos de desarrollo y ciudadanas/os de derechos y, por tanto, deben ser sujetos de políticas concretas para mejorar su realidad.
Proponemos la creación de un estatus de ciudadanía latinoamericana y caribeña que garantice la igualdad de derechos para cualquier persona, independientemente de su origen nacional, permitiendo su libre tránsito, reconociendo sus títulos y validando sus conocimientos, competencias y habilidades laborales, asegurando la complementariedad de los sistemas de protección social, reduciendo las limitaciones que impiden el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y políticos.
3. Trabajo y derechos para todas y todos en tiempos de transformaciones aceleradas.
Proponemos la elaboración de un modelo o plataforma laboral con un piso mínimo de protección de los derechos fundamentales del trabajo. Este debe ser democrático, cuyo criterio fundamental esté orientado a garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales del trabajo y enfrentar paulatinamente los efectos de las transformaciones económicas y los efectos perversos de los procesos de reforma laboral que atienden al interés del capital.
La Declaración Sociolaboral del MERCOSUR (DSLM), instrumento sindical construido por la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS), define el conjunto de derechos y procedimientos que establece un cuerpo normativo adecuado con foco en las personas que trabajan en los países de la región. La DSLM es una referencia para la construcción de instrumentos y mecanismos regionales y/o continentales para incluirse en la institucionalidad de la integración regional, como por ejemplo en la UNASUR y la CELAC, así como otros procesos de integración en las subregiones, donde reclamamos una efectiva participación de las organizaciones sindicales.
Una contribución también para este desafío es la propuesta sindical regional denominada “Lineamientos para un modelo de código de trabajo en América Latina y el Caribe” documento que caracteriza el actual contexto del mundo del trabajo en la región y ofrece una estructura normativa para su superación. Los principales aspectos que deberían contemplarse en un proceso de reforma laboral, entre otros, son los siguientes: una definición actualizada de “relación laboral” o “contrato de trabajo” que dé cuenta de las transformaciones en el mundo del trabajo; limitación de la duración de la jornada de trabajo; condiciones adecuadas de salud y seguridad en el trabajo; libertad sindical y reconocimiento de la efectiva autonomía de las organizaciones de trabajadores en todos los niveles; derecho a la negociación colectiva con mayor peso de la que pueda realizarse a nivel sectorial, inclusive de carácter suprarregional y transnacional; derecho de huelga a cargo de la decisión autónoma de las y los trabajadores.
Adoptamos la perspectiva de una economía diferente que invierta la lógica perversa del sistema para poner la vida en el centro, que garantice la autodeterminación de los cuerpos y el territorio: la economía feminista es un claro ejemplo de esto, constituyendo su principio orientador poner en el centro el trabajo de reproducción de la vida, donde el valor generado por el trabajo pertenezca a quienes lo producen, a quienes sostienen este sistema y viven del trabajo. Esta perspectiva requiere cambiar la forma de consumir, producir y reproducir la vida y el intercambio para su sostenimiento: visibilizar, reconocer y, sobre todo, reorganizar el trabajo doméstico y de cuidados, con corresponsabilidad entre varones, comunidades, Estado y mujeres; concebir sistemas de justicia que no refuercen la opresión y reconozcan la ciudadanía de migrantes y de la diversidad de identidades sexuales; servicios públicos que garanticen la reproducción social y Estados que construyan desde lo común el reconocimiento de valores comunitarios como la autogestión; desmercantilización de la vida y el fin del poder de las transnacionales; enfrentar la financiarización de la vida y el endeudamiento, fortalecer la economía real, al servicio de la humanidad, en armonía con el planeta y el resto de sus habitantes.
Proponemos el diseño e implementación de políticas públicas de financiamiento, subsidios, estrategias de inversión colectivas y creación de fondos regionales y nacionales específicos para proyectos de la economía popular que prioricen la infraestructura, la asistencia técnica para planeamiento, gerencia y mercadeo de los productos y servicios, así como el apoyo a las etapas iniciales de estos emprendimientos. Las organizaciones de la economía cooperativa, popular y solidaria deben mantener un acceso paritario en las compras públicas estatales, en todos los niveles, especialmente para programas y proyectos localizados en regiones fronterizas o que se articulan a través de las cadenas de producción que involucran diversos países. Esta sería parte de las respuestas en regiones sometidas a proyectos extractivistas y de economías productivistas y depredadoras.
4. Transición Justa y soberanía energética para la Integración
América Latina y el Caribe poseen una diversidad enorme en materia de biodiversidad, territorios y bienes comunes: es vista y vendida como fuente inagotable de “recursos” al servicio del capital. La finalidad de una transición justa, popular y feminista se entiende en un marco de transformación más amplio del modelo de producción y consumo donde debe cambiar radicalmente la relación con la naturaleza. El sistema energético se encuentra en el centro del debate sobre lo que significa la transición justa y la democratización de la energía.
Entendemos la energía como un bien común que hace parte de los derechos colectivos y está en congruencia con la justicia ambiental. Como derecho colectivo, la energía debe salir de la órbita del mercado transnacional, regional y nacional lo que implica desmercantilizar el sector energético y democratizarlo a través de la revisión de los marcos normativos vigentes que regulan el sector, repensar los regímenes de propiedad y de gestión para fortalecer lo público y reorientar el papel de las empresas públicas para una gestión democrática, explorando experiencias asociativas de provisión de servicios públicos de energía. La transición justa debe contribuir al logro de la justicia social, ambiental, económica y de género, tanto productivo como reproductivo, y la responsabilidad del Estado y del conjunto de la sociedad de proveer los cuidados necesarios para la vida.
Los derechos de la clase trabajadora, de los Pueblos Indígenas, comunidades campesinas y afrodescendientes, y de las mujeres deben estar en el centro de cualquier propuesta de transición justa y se debe respetar la participación y voz de sus organizaciones, especialmente cuando están en juego el empleo, los medios de vida o los territorios de las mismas. Proponemos políticas que expandan el control y regulación del capital transnacional ya que será uno de los principales obstáculos para la transición justa, que incorpore la perspectiva popular y feminista. La cooperación y complementariedad entre las empresas públicas de energía y el acceso a fondos internacionales disponibles para este tipo de proyectos pueden ser un camino para avanzar en pasos concretos, involucrando a las comunidades y organizaciones sociales en los territorios.
5. Soberanía alimentaria.
La soberanía alimentaria reafirma el derecho de los pueblos a definir sus propias estrategias, políticas y sistemas agroecológicos de producción, distribución y consumo de alimentos, en base a la producción campesina y de pequeña escala, reconociendo el papel central de las mujeres. Es un pilar fundamental en la lucha contra la crisis climática, alimentaria, de la biodiversidad y del agua.
Otra apuesta central de la soberanía alimentaria es la integración de una perspectiva feminista que reconoce y reafirma el papel central de las mujeres como productoras de alimentos y sujetos políticos, así como la importancia de sus múltiples y valiosos saberes acumulados en el desarrollo de la agricultura. Asimismo, exige la realización del derecho de las mujeres al territorio, a la tierra y a los medios de producción para asegurar su autonomía económica. Otro elemento clave es la retribución justa por su trabajo en la producción de alimentos y en el desarrollo de sistemas diversificados y justos de producción, distribución y consumo de la alimentación.
En el contexto de la crisis climática y de la crisis global de la salud, resulta insoslayable poner freno a la agricultura industrial y al agronegocio, distribuir la tierra y aumentar la producción de alimentos agroecológicos de la producción campesina, familiar y la agricultura urbana. Ello conlleva la adopción de políticas públicas que garanticen el derecho a la tierra, la gestión comunitaria del agua, semillas, el derecho a la tierra y el acceso a los medios de producción, particularmente para jóvenes y mujeres, a la lucha para acabar con los latifundios – la lucha por la reforma agraria. La política pública debe garantizar las compras públicas directas a la producción campesina agroecológica, con especial énfasis en los alimentos producidos por mujeres, para atender las necesidades alimentarias de la población que lo requiere y el consumo de las instituciones del Estado, y así garantizar un mercado seguro que contribuya a la sustentabilidad de los sistemas agroecológicos. El actual escenario de disputa ante el agronegocio y el poder corporativo, por la soberanía alimentaria es un proceso de resistencia, ofreciendo otros paradigmas posibles para la soberanía de los pueblos y la construcción del socialismo o las sociedades post capitalistas.
La integración debe aprovechar el potencial y la experiencia de la producción agroecológica en los países de la región, fortalecer las experiencias organizativas, de producción y comercialización para atender los graves problemas de hambre, desnutrición y subnutrición en la región. La producción e intercambio de semillas, la formación en prácticas agroecológicas, las escuelas y universidades campesinas son experiencias probadas que están a disposición de los gobiernos y que requieren del impulso financiero y de infraestructura para enfrentar en corto y mediano plazo problemas que afectan a millones de personas del campo y la ciudad
6. Enfrentar la crisis climática con justicia ambiental
Defendemos la integración regional como una herramienta para enfrentar la crisis climática y realizar la justicia ambiental. En los últimos años, las amenazas y ataques a la democracia en la región han estado fuertemente asociados a conflictos territoriales y disputas sobre la cuestión ambiental.
Con el fortalecimiento de la integración regional y la integración de los pueblos, fortalecemos experiencias de territorios comunes con músculo para una construcción realmente colectiva (programática y práctica) sobre aspectos esenciales para la vida de nuestros pueblos. La gestión y protección de nuestros bienes comunes (agua, biodiversidad, minerales, energía, territorio, ecosistemas) tiene que ser parte de una estrategia regional y colectiva que involucre financiamiento, equipos técnicos, inversión pública y participación real de organizaciones y pueblos.
En la base de la crisis climática y ambiental está el modelo de muerte y desigualdad que impone el capital. Transformar este modelo se vuelve una tarea urgente para dar lugar a políticas públicas que reparen territorios y comunidades, protejan nuestra agua, semillas y biodiversidad. Los gobiernos de la región deben avanzar en sistemas de respuesta pronta frente a lo que ya son cotidianos efectos del cambio climático en todos los países de la región. Son las comunidades pobres, las mujeres, la pequeña producción del campo, las comunidades urbanas de bajos recursos, las principales víctimas del sistema económico que destruye el planeta. Sequias extremas, inundaciones, incendios, altas temperaturas, heladas y otros fenómenos están generando un nuevo tipo de exclusión, sumada a las ya estructurales. Existe conocimiento científico y de las propias comunidades para actuar frente a los efectos de estos eventos extremos. Las instituciones de la integración regional deben actuar prioritariamente y de forma coordinada frente a la crisis climática.
La gobernanza multilateral donde se discuten las acciones de los países para frenar el cambio climático está fracasando estrepitosamente y restringen cada vez más el margen de maniobra de países del Sur global para enfrentar la crisis climática a pesar de ser los países menos responsables y más afectados por la misma. Coordinar las acciones en estos espacios debe ser parte de la institucionalidad de la integración regional. Nuestras voces en unidad serán claves para poder presionar por un financiamiento apropiado.
Avanzar en una estrategia regional para la protección y aprovechamiento sustentable de la Amazonía y otros biomas estratégicos para la sobrevivencia del planeta y también de las comunidades es un imperativo de la integración regional. Se hace necesario construir una plataforma que involucre a los gobiernos, comunidades y organizaciones sociales que desarrollan prácticas para la preservación y aprovechamiento sustentable de estos territorios, como forma de enfrentar la presión de la grandes empresas transnacionales y gobiernos del norte global que se apropian de nuestros bienes comunes y trasladan al sur sus pasivos ambientales.
Estás líneas de prioridad han sido parte de una síntesis compartida por las organizaciones que impulsamos la “Jornada Latinoamericana y Caribeña de Integración de los Pueblos”. Creemos y proponemos un dialogo concreto con las instituciones de gobiernos, parlamentarios, partidos políticos, organismos para el desarrollo latinoamericano y caribeño, universidades y con todas las entidades comprometidas con el futuro de justicia y dignidad plenas que merecen nuestros pueblos.
¡¡¡¡Es hora de avanzar en la Integración para los pueblos!!!!
Foz de Iguazú, 22 y 23 de febrero 2024
