El 21 de mayo se realiza el día Anti Chevron denunciando uno de los crímenes corporativos más atroces de la historia: la violación de los derechos de los pueblos y sus derechos humanos con incluso la extinción de pueblos indígenas como consecuencia de la acción criminal de Texaco –hoy Chevron– en la Amazonía ecuatoriana. Desde Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), denunciamos la impunidad que ampara a esta transnacional y la complicidad activa del Estado ecuatoriano y del sistema internacional de arbitraje que privilegia las inversiones y el avance de las empresas transnacionales por sobre la vida.
Entre 1964 y 1990, Texaco operó en la Amazonía ecuatoriana utilizando tecnología obsoleta con el único objetivo de abaratar costos y maximizar ganancias. El accionar de la empresa, impactó directamente sobre los pueblos originarios, los territorios y el agua. Derramó más de 60 mil millones de litros de agua tóxica, derramó 650 mil barriles de crudo, excavó 880 fosas contaminantes y quemó 235 mil millones de pies cúbicos de gas al aire libre. Las consecuencias son visibles y letales: tasas de cáncer superiores a la media nacional, contaminación permanente y extinción de pueblos indígenas.
Los pueblos organizados en la Unión de Afectadas/os por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT – Amigos de la Tierra Ecuador) iniciaron hace más de 30 años una batalla judicial inédita que desembocó en un fallo ejemplar: en 2018, la Corte Constitucional del Ecuador ratificó la condena contra Chevron, obligándola a pagar más de 9.500 millones de dólares en reparaciones ambientales y sociales. La sentencia es definitiva, firme y basada en evidencias científica y jurídica inapelables. Sin embargo, hasta hoy, Chevron no ha pagado un centavo.
No satisfechos con su impunidad, Chevron se amparó en el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones entre Ecuador y EE.UU., recurriendo a un arbitraje internacional que carece de legitimidad democrática. En 2018, ese tribunal privado —formado por tres árbitros y sin participación de las/os afectadas/os— condenó al Estado ecuatoriano, ordenándole anular la sentencia judicial y pagar más de 2.000 millones de dólares a Chevron por «daños morales». Este laudo, además de violar la soberanía nacional y la división de poderes, niega el derecho a la justicia a más de 30.000 personas afectadas, indígenas y campesinas.
El Decreto 501, firmado por el presidente Noboa en enero de 2025, convierte al país en sede de la Corte Permanente de Arbitraje, desoyendo el mandato popular del referéndum de abril de 2024, en el que más del 65% del pueblo ecuatoriano rechazó los arbitrajes internacionales.
Desde ATALC denunciamos este entramado de impunidad y blindaje corporativo. Nos solidarizamos con UDAPT y los pueblos indígenas que, a pesar de la persecución, han llevado su demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, buscando una sentencia que obligue al Estado a garantizar la reparación y el acceso efectivo a la justicia.
También reafirmamos nuestra apuesta por un Tratado instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales en materia de derechos humanos (Tratado Vinculante), que permita juzgar y sancionar por sus crímenes a empresas como Chevron, y ponga fin a la arquitectura global de impunidad corporativa.
El caso Chevron es un emblema de cómo las transnacionales violan los derechos de los pueblos y sus derechos humanos en la región y en el mundo y luego se blindan en tribunales privados con el aval de Estados arrodillados a los intereses corporativos. Pero la lucha en contra de Chevron es un ejemplo de dignidad, resistencia y búsqueda de justicia desde sujetos populares organizados.
