En 2011, la justicia ecuatoriana condenó a Chevron a pagar 9.500 millones de dólares por los gravísimos daños socioambientales causados en la Amazonía entre 1964 y 1992. Se trató de una histórica victoria para comunidades indígenas y amazónicas que llevaban décadas reclamando justicia.
Sin embargo, esa victoria fue arrebatada. Chevron utilizó el mecanismo ISDS (Sistema Internacional de Solución de Controversias Inversionista-Estado), incluido en tratados bilaterales de inversión, para demandar a Ecuador en tribunales arbitrales internacionales.
El resultado fue un fallo a favor de la transnacional:
- La condena judicial ecuatoriana quedó invalidada.
- La demanda de 30.000 personas afectadas fue desestimada.
- Ecuador terminó obligado a pagar 2.000 millones de dólares a Chevron y a pedir disculpas.
El caso Chevron es un ejemplo claro de cómo el ISDS pone los intereses corporativos por encima de los derechos humanos y ambientales. Este mecanismo otorga a las transnacionales un poder colosal: pueden demandar a los Estados si consideran que sus políticas públicas afectan sus beneficios, incluso cuando esas políticas buscan proteger a los pueblos y a la naturaleza.
Desde hace más de 30 años, UDAPT – la Unión de Afectados y Afectadas por Texaco (hoy Chevron) – sigue buscando justicia en distintas instancias nacionales e internacionales. Pero la asimetría de poder es tan grande que aún no logran una reparación justa.
Este caso nos deja una lección fundamental: ni los gobiernos ni los pueblos deben estar sometidos a los intereses de las corporaciones transnacionales. El ISDS es una amenaza para las democracias, las soberanías y el acceso a la justicia de los pueblos.
Porque los derechos humanos y ambientales deben estar por encima de los intereses corporativos.
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