En América Latina, los pueblos no se rinden; se levantan para defender el agua, la tierra y la vida frente a la impunidad de las transnacionales.
Detrás de cada historia hay un patrón que se repite. Desde el litio hasta el oro, desde los hidrocarburos hasta los monocultivos, las corporaciones del norte global siguen expandiendo sus fronteras de extracción, disfrazando de “transición verde” un modelo que despoja territorios, afecta ecosistemas y criminaliza a quienes los defienden.
Argentina
Glencore controla el megaproyecto MARA en la provincia de Catamarca y busca expandirse hacia San Juan. Comunidades denuncian que amenaza glaciares y cuencas altoandinas en zonas semiáridas, mientras defensores del agua enfrentan represión y criminalización. La resistencia de Andalgalá sigue en pie frente al avance del extractivismo.
Brasil
Sigma Lithium impulsa el megaproyecto Grota do Cirilo en el Valle de Jequitinhonha, presentado como “minería verde” para la transición energética. En una región marcada por profundas desigualdades, comunidades quilombolas denuncian racismo ambiental, desplazamientos forzados y pérdida de territorios. Investigaciones apuntan a contaminación del agua, afectaciones a la salud y destrucción de medios de vida locales.
Mientras la empresa se promociona como parte de la solución climática, en realidad reproduce un modelo extractivo que sacrifica comunidades en nombre del litio.
Colombia
AngloGold Ashanti intentó imponer los megaproyectos La Colosa y Quebradona. La resistencia de Cajamarca dijo no en consulta popular, y en Jericó campesinas/os enfrentan más de 60 procesos judiciales por defender el agua y la vida. Los estudios ambientales advertían pérdidas de biodiversidad, riesgos para el río Cauca y afectaciones a pueblos indígenas. Aun así, la empresa insiste en regresar.
Ecuador
Chevron dejó más de mil piscinas tóxicas y ríos contaminados en la Amazonía.
Más de 30 mil personas —indígenas y campesinas— siguen exigiendo justicia por la muerte, las enfermedades y la destrucción de sus territorios.
Tras décadas de litigio, la empresa evade responsabilidades y se ha convertido en símbolo global de impunidad corporativa.
Uruguay
Chevron busca ahora explotar hidrocarburos en aguas profundas. Comunidades costeras denuncian falta de información, violación del Acuerdo de Escazú y riesgos para la pesca artesanal y la biodiversidad marina. El proyecto contradice los compromisos climáticos del país y refuerza un modelo fósil que el mundo debería abandonar.
El Salvador
Holcim amplió su planta en Metapán y quema millones de llantas y desechos tóxicos en sus hornos. Comunidades denuncian contaminación del aire, enfermedades respiratorias y pérdida de agua, mientras la empresa se promociona como “sostenible” por instalar paneles solares y promover programas sociales. Organizaciones como CESTA y MOVIAC resisten y recuerdan que la incineración no es transición: es una falsa solución.
Costa Rica
Del Monte controla más de la mitad de la producción nacional de piña. Su monocultivo ha arrasado miles de hectáreas de bosques y contaminado el agua con plaguicidas, provocando intoxicaciones y enfermedades graves en comunidades y trabajadoras/es migrantes. Mientras promociona su piña como “carbono neutro”, organizaciones como Foro Emaús y FRENASAPP denuncian greenwashing y defienden la soberanía alimentaria frente a este modelo agroexportador.
México
Bayer-Monsanto promovió semillas transgénicas y el uso masivo de glifosato, ligado a miles de intoxicaciones y muertes. Campesinas/os e indígenas organizaron la Demanda Colectiva Maíz y lograron frenar su avance, defendiendo la soberanía alimentaria.
Mientras la empresa se presenta como “verde y sustentable”, sus prácticas siguen amenazando la biodiversidad y la salud.
Paraguay
La minera canadiense LAMPA utiliza cianuro y mercurio para extraer oro en Paso Yobái. Productoras/es de yerba mate y comunidades indígenas denuncian contaminación de ríos y criminalización de la protesta. A pesar de ello, la resistencia campesina exige declarar zonas libres de minería y proteger el agua y la vida.
En cada territorio, las comunidades demuestran que la verdadera transición no se decreta desde las empresas ni desde los gobiernos: se construye desde abajo, con soberanía de los pueblos, justicia climática y dignidad.
Ningún pueblo está solo. Frente al avance de los criminales climáticos corporativos, los pueblos de América Latina tejen poder popular, defienden la vida en todas sus formas y reafirman que la justicia ambiental es también justicia social, económica y de género.
Este informe recoge investigaciones de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) que revelan cómo operan estas corporaciones en distintos territorios, sus impactos sociales y ambientales, y las múltiples formas de resistencia que florecen frente a la impunidad.